Después de que Contraloría detectara diversas irregularidades en la realización del Censo 2024, como el empleo de 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros sin habilitación laboral, integrantes del Comité Técnico Asesor del Censo emitieron una defensa. Recordaron que estas contrataciones representan menos del 0,1% del total de censistas.
Mediante una comunicación dirigida al director, los expertos responsables del proceso señalaron que “el censo de población es una de las operaciones estadísticas más complejas que realiza el Estado”. Subrayaron la necesidad de recopilar información de prácticamente toda la población del país, mediante visitas a los hogares. Argumentaron que el Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo y que ha entregado información de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas.
Explicaron que, para llevar adelante esta tarea, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a alrededor de 38.000 censistas. Destacaron que los casos cuestionados (antecedentes penales y situación migratoria irregular) representan una proporción mínima y deben considerarse al evaluar la magnitud de las observaciones realizadas por Contraloría sobre el censo.
No obstante, el Comité admitió que cualquier irregularidad detectada debe ser investigada y sancionada. También advirtieron que la recolección de información censal enfrenta diversos riesgos operativos y de seguridad, ya que los censistas deben trabajar en contextos complejos, llegando incluso a zonas afectadas por la delincuencia y el narcotráfico, lo que pone en riesgo su integridad física.
En su defensa, señalaron que la discusión debe impulsar la modernización de los procesos censales en Chile. Resulta vital avanzar hacia el mayor uso de tecnologías de información y registros administrativos del Estado, lo cual reducirá riesgos operativos y aumentará la eficiencia en la obtención de estadísticas de población.
Finalmente, el Comité reafirmó que el Censo 2024 fue un proceso exitoso, y su evaluación no puede verse comprometida por los antecedentes recientemente conocidos. Cabe destacar que, además de las observaciones sobre la contratación de censistas, Contraloría advirtió un posible conflicto de interés en una adjudicación que involucró a una exasesora censal, quien participó como experta en la evaluación de la licitación mientras mantenía un vínculo con la empresa adjudicataria.
