La Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior de Valparaíso, junto a otros gremios, ha presentado una reclamación formal al denunciar despidos injustificados dentro de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y sus oficinas provinciales. Además, han cuestionado la situación administrativa, apuntando a que las razones de las desvinculaciones están ligadas a motivos políticos, lo que afecta directamente los derechos laborales de los funcionarios públicos.
En detalle, la medida afecta a cinco funcionarios en la institución regional, sumando un total de 19 empleados en toda la región que enfrentaron estas desvinculaciones. Tras estos recientes despidos de funcionarios, los trabajadores señalaron que existieron reuniones con el Delegado Manuel Millones, donde, a criterio de los afectados, los despidos se justificaron bajo motivos políticos en lugar de criterios meramente administrativos o de desempeño en el servicio público.
Cristián Arias, director nacional de Fenaminsa, señaló que los despidos de estos funcionarios responden a una decisión de limitar la confianza legítima, señalando que se está optando por despedir a empleados que no fueron incorporados con el actual gobierno. El dirigente también enfatizó que esta estrategia de desvinculación busca instalar personas específicas, después del Dictamen de Contraloría que define la permanencia de los funcionarios en el servicio público.
A pesar de intentar contactar a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso sobre la situación, la entidad comunicó que no emitirían declaraciones sobre los despidos, indicando que cualquier respuesta se debe a instrucciones del Gobierno central. Por su parte, Elizabeth Luz-Ligeti, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, criticó la medida, informando que se están realizando acciones legales para buscar la reincorporación de los afectados, defendiendo así la estabilidad laboral de los funcionarios.
Finalmente, los trabajadores enfatizaron que cualquier medida de desvinculación de funcionarios debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, objetividad y respeto irrestricto a los derechos laborales, garantizando el debido proceso en el ámbito del servicio público.
