El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades, iniciativa impulsada por el presidente José Antonio Kast. Pavez explicó que la posible pérdida de beneficios sociales está directamente relacionada con la permanencia o no en este registro, señalando que la medida busca dar respuesta a conductas que hoy podrían quedar sin consecuencias.
En diálogo con radio Infinita, la autoridad enfatizó que la discusión legislativa está pendiente, asegurando que ningún artículo se aprobará sin ajustes. Además, refutó críticas sobre la estigmatización, puntualizando que las medidas buscan enfrentar el deterioro urbano causado por la incivilidad. Pavez recordó que el ordenamiento jurídico ya establece duras sanciones, y esta nueva normativa complementa la pérdida de beneficios sociales existentes.
Máximo Pavez detalló cómo operaría el Registro de Vándalos e Incivilidades: los infractores podrían perder temporalmente ayudas clave como subsidios de arriendo y la Pensión Garantizada Universal (PGU). Subrayó que esta suspensión es proporcional, ya que la pérdida de beneficios sociales está ligada al tiempo de registro. Por ejemplo, en el caso de delitos considerados vandalismos, el registro podría ser de cinco años, tiempo tras el cual se recuperarían todos los derechos sociales.
En el caso específico de las incivilidades, la reglamentación establece un periodo más gradual. Pavez aclaró que la pérdida de beneficios sociales no es permanente, sino temporal, ajustándose a la gravedad y reincidencia de las conductas. De esta forma, el Gobierno sostiene que la implementación de este registro logra sortear el test de proporcionalidad, creando un nuevo marco de sanciones por incivilidades que impacta los derechos sociales.
