Continúan las repercusiones en el sistema penitenciario tras el traslado de los tres últimos reos comunes que permanecían en el Centro Penitenciario de Til Til, conocido como Punta Peuco. Según Gendarmería, los internos solicitaron voluntariamente su reubicación, basándose en criterios técnicos relacionados con la seguridad, la habitabilidad y el funcionamiento de los establecimientos penales.
Esta medida pone fin, al menos momentáneamente, a la presencia de condenados por delitos comunes en un recinto histórico que estuvo destinado a los presos por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Esta situación había sido modificada previamente en la administración de Gabriel Boric, al determinar que Punta Peuco podría asumir un carácter de penal común.
No obstante, la decisión de Gendarmería ha generado cuestionamientos desde diversos sectores, poniendo el foco en la gestión de los derechos humanos. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que la institución oficio a Gendarmería para conocer en detalle las razones técnicas que justificaron los traslados y evaluar las implicancias en el sistema carcelario.
Las declaraciones del INDH fueron replicadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde el Partido Socialista, Raúl Leiva valoró la necesidad de solicitar antecedentes a Gendarmería. Por su parte, Lorena Pizarro, diputada comunista, informó que también oficio al Ministerio de Justicia, exigiendo el esclarecimiento de los argumentos que justifican este traslado de reos comunes.
Aunque el Ejecutivo descartó cualquier motivación política, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que se trató de una decisión exclusivamente técnica de Gendarmería. Sin embargo, planteó que sería necesario revisar si la determinación adoptada durante el gobierno anterior, de incorporar reos comunes a Punta Peuco, respondió realmente a criterios puramente técnicos.
