El director de la Junaeb, Fernando Peña, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por graves irregularidades que afectan a $14 mil millones en raciones no entregadas en la región de O’Higgins. La investigación profunda sobre el manejo de las licitaciones de Junaeb reveló nuevos antecedentes significativos relacionados con modificaciones contractuales efectuadas entre 2022 y 2023. Estas alteraciones aumentaron exponencialmente tanto la cantidad de raciones como su valor unitario, alcanzando precios desproporcionados que contrastan con el rango habitual del servicio alimentario.
El caso adquiere gran relevancia legal ya que involucra directamente a la exdirectora de Junaeb, Camila Rubio, quien autorizó estas modificaciones contractuales mediante resoluciones exentas sin la debida consulta a Contraloría. Adicionalmente, surge el nombre de Alejandro Layseca, exjefe jurídico del servicio, quien posteriormente trabajó como asesor legal de Soser, la empresa señalada. Según explicó Peña, esta conexión profesional levanta banderas de un posible conflicto de interés dentro de la administración de Junaeb.
Peña detalló que la investigación incluyó la recuperación de correos electrónicos previamente eliminados. Estos documentos mostrarían cómo Layseca habría recomendado a Rubio realizar las modificaciones contractuales sin pasar por el control de Contraloría. El monto reportado de $14 mil millones difiere considerablemente de los $3.500 millones inicialmente investigados, indicando un aumento en la magnitud de las irregularidades.
Los documentos revelan que estos contratos fueron modificados en 2022 y 2023 mediante resoluciones exentas, lo que supuso un incumplimiento del protocolo, dado que los montos implicados requerían el trámite ante Contraloría. Estas modificaciones elevaron el valor unitario de las raciones y la cantidad total de onces, lo que constituye un foco central de la investigación de las irregularidades financieras.
Peña señaló que la evidencia más fuerte son los correos electrónicos que demuestran la recomendación de Layseca a Rubio de usar resoluciones exentas, un procedimiento que la ley exige solo en casos muy específicos, especialmente cuando los montos y el origen de la licitación sí tenían toma de razón. El hecho de que el propio remitente haya eliminado el correo subraya la gravedad de los nuevos antecedentes y las posibles maniobras para ocultar la verdad.
Este proceso de esclarecimiento de las irregularidades no es solo un tema de rendición de cuentas, sino una búsqueda de la transparencia que, como indicó Peña, es un mandato presidencial. El objetivo es que Junaeb pueda superar la crisis y iniciar una modernización indispensable, perdiendo la capacidad de ejecutar pagos mediante modificaciones contractuales sin la supervisión de Contraloría.
La profundización en estas modificaciones contractuales en 2022 y 2023 es fundamental, pues el experto indicó que, aunque la licitación de 2020 tenía debilidades, fue la gestión posterior la que permitió la concretación de pagos con las modificaciones sin el respaldo legal adecuado, lo que apunta a una responsabilidad administrativa y potencial responsabilidad penal.
