El desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio reanudó su proceso con un nuevo nivel de coordinación, tras la confirmación de la Delegación Presidencial y el ministro Iván Poduje. El procedimiento se retomará en cumplimiento estricto del fallo judicial que ordena el despeje del terreno, confirmando el avance en la gestión de esta compleja situación de vivienda social.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Poduje indicó que el plan habitacional vinculado al terreno expropiado continuará, enfatizando que se trabajará en coordinación con el alcalde y los comités de vivienda. El objetivo es localizar a las familias afectadas según orden de llegada, asegurando la equidad en la distribución y evitando que algunas personas se salten la fila de acceso a viviendas.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, detalló los pasos a seguir para ejecutar la nueva fase del desalojo de la toma Centinela. Antes de cualquier acción, es fundamental definir el perímetro con Carabineros, informar a las familias con antelación, coordinar el apoyo municipal para el traslado de enseres y disponer de albergues temporales. No obstante, la autoridad recalcó que, por razones de planificación y seguridad, el desalojo no se realizará antes del 15 de junio.
Millones precisó que, además de la megatoma, se deberá gestionar el desalojo de un predio colindante perteneciente a Esval, involucrando a más de 545 familias. El Gobierno busca evitar que ambos procedimientos de despeje se crucen, dada la complejidad operativa y la necesidad de contar con un contingente policial adecuado para proteger los derechos de los pobladores en ambos sitios.
Por su parte, el representante del Movimiento de Pobladores Organizados, Gustavo Sepúlveda, manifestó que las familias siguen esperando una reunión formal con Minvu. Exigen abordar una solución habitacional definitiva y ordenar la situación de los comités de vivienda, criticando que, a pesar de los anuncios gubernamentales, el proceso sigue desordenado.
En paralelo a las acciones de despeje, la prioridad comunicada por las autoridades es avanzar con el plan habitacional. Este enfoque busca proporcionar una alternativa viable de vivienda social a las familias que viven en la toma, siguiendo los lineamientos del fallo judicial y las normativas de expropiación de terrenos.
