El Ministerio de Vivienda comenzó la demolición de cuatro viviendas en El Olivar de Viña del Mar, como parte del proceso de reconstrucción tras el devastador megaincendio. Desde el Minvu, confirmaron que 170 casas vinculadas a la constructora San Sebastián deberán ser demolidas debido a fallas graves detectadas. Estos inmuebles forman parte de proyectos de la constructora San Sebastián y cuentan con informes técnicos específicos que permiten avanzar con su demolición bajo la normativa vigente.
De las 170 viviendas, solo seis corresponden a propietarios que se opusieron al proceso, mientras que otras expertas cuestionaron la legalidad de la intervención, señalando que las cuatro viviendas intervenidas en la jornada no se ajustan a los 56 casos observados en informes técnicos de Ditec e Idiem, calificando la acción de demolición como innecesaria e ilegal. Sin embargo, el seremi de Vivienda defendió el procedimiento, explicando que las demoliciones se basan en informes emitidos por fiscalizadores técnicos de obra, siguiendo el marco legal de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Según el Minvu, de las 444 viviendas totales vinculadas a la constructora San Sebastián en El Olivar, 170 deben demolerse y otras serán sujetas a revisión o reconstrucción. La autoridad detalló que las primeras viviendas de reconstrucción comenzarán a entregarse desde noviembre de este año.
Ante esta situación, parlamentarios oficiaron formalmente al Ministerio de Vivienda y al Serviu de Valparaíso. El objetivo es obtener información detallada sobre la demolición y reconstrucción, incluyendo autorizaciones formales, los informes técnicos, las empresas responsables, los costos y los plazos de ejecución. El requerimiento también busca datos sobre subsidios de arriendo para las familias damnificadas y estudios comparativos entre las opciones de reparación, demolición y reconstrucción por el megaincendio.
Diputados y senadores han solicitado a la transparencia del gobierno los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan las demoliciones en El Olivar. Estos actores enfatizan que las familias afectadas necesitan mayor claridad sobre las decisiones adoptadas por el Ministerio de Vivienda, y que el Gobierno debe transparentar los fundamentos legales que respaldan el avance de este tipo de procesos de reconstrucción.
