Tras decretarse la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y de su exasesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, por delitos de corrupción, ambos abogados defensores abordaron la decisión judicial. Ambas defensas manifestaron que, tras la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, no solo cuestionarán la resolución, sino que también adelantaron su intención de interponer recursos judiciales para revertir la medida cautelar.
La defensa de Lavín, liderada por el abogado Cristóbal Bonacic, se mantuvo serena frente al caso de los delitos de corrupción, señalando que el tema aún no está cerrado. Aseguró que existen múltiples recursos legales que se presentarán, ya que, en su opinión, el tribunal ya había tomado una decisión desde el inicio de la audiencia. Consultado sobre la supuesta “red de corrupción,” el abogado enfatizó que no entiende la base de la acusación. Para él, el desarrollo de una aplicación para encuestas a nivel nacional no constituye un acto de corrupción.
En cuanto a la resolución judicial, Bonacic señaló que fue preocupante la falta de reflexión de los antecedentes, especialmente cuando el Ministerio Público presentó información parcial, induciendo a los testigos de cargo a dar testimonios no reales. Reiteró que la defensa presentará recursos, pues el fallo no consideró los argumentos sólidos presentados. Manifestó que, por lo tanto, si se toma otra parte de la historia, la decisión judicial debe seguir esa línea, aunque argumentó que esta no es justa.
Respecto al proceso judicial, la defensa argumentó que no se tuvo en cuenta el tiempo otorgado a la defensa en comparación con la parte acusadora. Concluyó afirmando que existe la firme convicción de que se fabricó un delito sobre información parcial, calificándolo como un “Frankenstein jurídico” que no se corresponde con la realidad procesal.
Por su parte, el abogado defensor de Arnaldo Domínguez, Pablo Araya, consideró que la resolución es totalmente infundada desde el punto de vista legal. Sobre las responsabilidades atribuidas a su defendido, sostuvo que las pruebas presentadas carecen de la capacidad para configurar cualquier tipo penal o figura de autoría, indicando que el tribunal no se hizo cargo de ninguna de estas consideraciones.
Ambos equipos legales descartaron cualquier reproche político contra el juez, entendiendo que la judicatura está resolviendo en derecho, sin perjuicio de que critican la falta de consideración de sus antecedentes desde el ámbito jurídico. Finalmente, los abogados indicaron que están evaluando qué recursos judiciales interpondrán para revertir la prisión preventiva de sus representados, estimando que la resolución es ilegal y arbitraria.
