La Corte Suprema emitió un informe crucial sobre el “Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”, conocido como la Ley Miscelánea. Este documento analiza la propuesta legislativa, iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, que busca reformar diversos aspectos del derecho chileno, incluyendo la materia ambiental. El máximo tribunal tomó una posición detallada sobre esta megarreforma, estructurada en cuatro pilares: reconstrucción física, económica, de confianza y fiscal.
El análisis de la Corte Suprema se centró en la interpretación de artículos clave del proyecto. El tribunal señaló que la propuesta de reforma presenta espacios de mejora en la precisión normativa, especialmente en lo relativo a la concentración de impugnaciones de resoluciones de calificación ambiental en la judicatura especializada. Además, se advierte la necesidad de armonizar esta nueva acción con las reglas de legitimación activa de la Ley N°20.600, aspectos vitales para la efectividad práctica del derecho ambiental.
Un punto de alta preocupación detectado por la Corte Suprema es el mecanismo de restitución de gastos directos y efectivos cuando una resolución de calificación ambiental es anulada judicialmente. El informe detalla que, si bien la propuesta innova en el ordenamiento jurídico al permitir que el Fisco asuma costos de una inversión privada, es fundamental proteger la confianza legítima del titular. Por ello, se recomienda exigir criterios como la buena fe, la ausencia de contribución al vicio y la razonabilidad de los gastos, evitando que el Fisco opere como un asegurador general del riesgo regulatorio.
Respecto al aspecto procesal, la Corte valora la mejora en las medidas cautelares que paralizan proyectos. Si bien el proyecto busca establecer un plazo inicial de 30 días para estas medidas, estableciendo un límite máximo total de 6 meses, el tribunal advierte que su aplicación debe asegurar que esta limitación temporal no reste eficacia a la tutela cautelar ambiental.
En su conclusión, el máximo tribunal reconoce los objetivos de la Ley Miscelánea, como son la certeza jurídica y la especialización jurisdiccional en materia ambiental. Sin embargo, su informe es exigente, proponiendo ajustes en la compatibilidad resarcitoria entre la acción de daño ambiental y la restitución de gastos directos y efectivos. Este complejo tema generó un voto disidente en la Corte, que advirtió sobre el riesgo para los jueces y la posible desviación del sistema de responsabilidad civil vigente.
Tras emitir este informe detallado, la Corte Suprema remitió su análisis al Congreso. El análisis sobre la Ley Miscelánea continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, manteniendo la relevancia de la reforma en el debate sobre el futuro del desarrollo económico y la protección ambiental en Chile.
