La normativa, cuya tramitación se extendió por más de dos años, permitirá aumentar la dotación institucional en 819 nuevos funcionarios, incluyendo 205 fiscales, en un proceso de implementación gradual de cuatro años. Este fortalecimiento apunta a enfrentar el déficit estructural de recursos humanos y mejorar la respuesta del sistema penal frente a fenómenos delictivos cada vez más complejos.
“Esta es una ley largamente esperada por la institución y por el país. Nos permitirá fortalecer la persecución penal, enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, junto mejorar la atención y la protección de víctimas y testigos, que es una de nuestras principales preocupaciones. Es un paso concreto para que la justicia llegue de manera más oportuna y efectiva a la ciudadanía”, señaló el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
Principales alcances de la ley:
1. Refuerzo de la persecución penal:
El aumento de dotación permitirá fortalecer áreas críticas como:
2. Mayor protección y atención a víctimas y testigos
La ley permite robustecer la protección especializada, aumentar la cobertura para la atención y apoyo a las víctimas, facilitando su participación en el proceso.
3. Nueva institucionalidad para fortalecer la gestión y la confianza pública
Se crean nuevas estructuras como el Sistema de Supervisión de la persecución penal, la Unidad de Integridad y Probidad Interna, y una Unidad de Formación y Capacitación. 4. Modernización de la gestión institucional Se incorporan mejoras en incentivos, reconocimiento profesional y evaluaciones externas periódicas. La publicación de esta ley representa un paso decisivo en el fortalecimiento del Ministerio Público, permitiendo avanzar hacia una persecución penal más eficaz, moderna y acorde a las necesidades de seguridad de la ciudadanía.
4. Modernización de la gestión institucional
Se incorporan mejoras en incentivos, reconocimiento profesional y evaluaciones externas periódicas. La publicación de esta ley representa un paso decisivo en el fortalecimiento del Ministerio Público, permitiendo avanzar hacia una persecución penal más eficaz, moderna y acorde a las necesidades de seguridad de la ciudadanía.
