La decisión de no proceder con la expropiación de Colonia Dignidad se sustenta en un pronunciamiento oficial de la Contraloría General de la República. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó en entrevista con Radio 13C que su ministerio no posee facultades legales para ejecutar esta acción. El respaldo institucional proviene de un documento emitido el 30 de diciembre de 2025, identificado como el número 834, donde la entidad contralora estableció claramente las limitaciones del Ministerio.
El ministro destacó que su cartera no está dispuesta a ignorar directrices contralorias, aunque dejó abierta la posibilidad de que otra institución estatal asuma esa responsabilidad. También mencionó que se evaluó la posibilidad de declarar el terreno como espacio para equipamiento educativo comunitario, una estrategia que podría haber sorteado restricciones legales. No obstante, calificó esta alternativa como un recurso artificial que no refleja el uso original del terreno.
Finalmente, cuestionó aspectos técnicos y financieros del proceso. No se asignaron fondos suficientes para una tasación precisa del terreno, y el monto previamente estimado fue considerado desproporcionado. “No asumiremos una carga que ya tenemos con otros desafíos heredados”, concluyó.
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