Desde la Defensoría de la Niñez manifestaron su rechazo a la decisión del Congreso Nacional de excluir el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) en la aprobación de la Ley de Presupuestos 2026. La determinación constituye una regresión grave en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, contraviniendo la legislación vigente, la evidencia técnica disponible y los estándares internacionales de derechos humanos.
La eliminación del PAIG vulnera directamente el principio de progresividad y la prohibición de regresión consagrados en la Ley N°21.430, así como el mandato específico establecido en la Ley N°21.120 de Identidad de Género, que obliga al Estado a garantizar programas de acompañamiento biopsicosocial profesional para niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme.
A su juicio, el Congreso cuenta con antecedentes sobre el tema, gracias al informe final de la Mesa Técnica de Expertos y Expertas que mandató el mismo Poder Legislativo para la discusión presupuestaria 2026, y en cuyo trabajo participaron como institución observadora. En dicho informe, se verificó que el PAIG es necesario e indispensable y se recomendó no solo la mantención de los componentes actuales del programa, sino también su fortalecimiento, estandarización y el aseguramiento de recursos financieros estables.
Desde la Defensoría de la Niñez acusan que esta decisión parlamentaria suprime el acceso al acompañamiento especializado para niños, niñas y adolescentes que enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y riesgos para su salud mental, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comité de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, genera incertidumbre, desprotección y un riesgo cierto de vulneración de derechos.
La Defensoría de la Niñez llama al Congreso Nacional y al Ejecutivo a buscar las vías necesarias para revertir esta decisión, que como para toda política pública, debería estar basada en evidencia, legislación vigente y derechos humanos, no en opiniones polarizadas. El Estado, a través de todas sus instituciones, debe asumir su rol como garante reforzado de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Persistir en esta exclusión no solo vulnera derechos, sino que responsabiliza al Estado por un retroceso evitable y jurídicamente incompatible con sus obligaciones nacionales e internacionales.
