Durante esta tarde se identificó a ocho personas formalizadas por asociación criminal. Entre ellas siete funcionarios de la PDI —uno ex inspector— y un civil. El Ministerio Público pide prisión preventiva.
Cristóbal Machuca Padilla, ex inspector de la PDI hasta hace una semana, se sumó a otros funcionarios suspendidos con cargos policiales: el subcomisario Felipe Burgos Gallardo, la subcomisaria Catalina Cáceres Cáceres, el inspector Diego Muñoz Pineda, el inspector Sebastián Illanes Cifuentes, la subinspectora Shiara Hernández Rocha y el agente policial Jaime Urrutia Rodríguez.
Todos los imputados se les acusa de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación.
Uno de los hechos investigados se remonta al noviembre de 2024. Los policías realizaron diligencias irregulares en Puente Alto y bodegas de Chépica, regione O’Higgins, incautando miles de cajetillas de cigarrillos. Según la Fiscalía Metropolitana Occidente, los funcionarios entregaron antecedentes falsos al Ministerio Público.
El segundo hecho ocurrió en febrero de 2025 en Cerrillos y Paine. Los imputados participaron en la detención de personas vinculadas a contrabando. Las cámaras demostraron que los funcionarios tenían acceso a un camión sin necesidad de forzarlo, pese a antecedentes falsos entregados.
El tercer hecho investigado se produjo el 25 de marzo de 2025 en Independencia. En una operación de compra controlada, se incautaron solo 13 kilos de marihuana y $5 millones en efectivo, a pesar de haber más de 74 kilos en el domicilio. Se sospecha que la diferencia fue entregada al civil Agustín Moreno Guidotti.
Ambos hechos implican delitos como tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y falsificación de instrumentos públicos.
