A 27 días del plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, las autoridades siguen indecisas sobre cómo proceder con los albergues para desalojar a más de 10 mil personas en la toma del Cerro Centinela de San Antonio. Según el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aunque el gobierno respetará la orden judicial, se mantendrán trabajando para evitar el desalojo “hasta el último día” debido al alto riesgo que representa expulsar a 4 mil familias, incluyendo niños.
Son preocupantes las declaraciones del ministro sobre los riesgos involucrados, destacándose la presencia de cerca de 3 mil niños en la toma. Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Munduca, advirtió que el eventual desalojo tendría serios problemas logísticos y podría tardar aproximadamente un año, considerando el déficit de funcionarios de Carabineros.
Munduca también expresó que una preocupación adicional es la falta de alternativas para alojar a estas familias en caso del desalojo. Por su parte, los dueños del terreno, la Inmobiliaria San Antonio, se han negado a cualquier conciliación y mediación, afirmando que las acciones judiciales son ilegales.
El abogado de los ocupantes, Diego Pereira, declaró que no han tenido contacto con el ministro Montes desde septiembre, lo cual sugiere un posible conflicto entre las partes involucradas en este complejo proceso.
