La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó el sobreseimiento definitivo del presidente Gabriel Boric, acusado por la contratación con fondos públicos de un abogado para su defensa. Este trato directo incluyó a Jonatan Valenzuela Saldías, quien recibió 350 UF (alrededor de $13.800.000) en enero pasado para representar a Boric en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
En este caso, se indaga un presunto fraude al fisco debido a que el contrato de compraventa fue suscrito en contra de la Constitución y las leyes. Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, ingresó una nueva acción penal acusando una presunta malversación de caudales públicos.
Palamara argumenta que el uso de fondos fiscales para defensa legal solo es válido en las actuaciones legítimas dentro del ejercicio de sus tareas. Sin embargo, Ricardo Soto, fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, solicitó una audiencia de sobreseimiento definitivo.
Palamara se opuso a esta solicitud, afirmando que el sobreseimiento viola el Código Procesal Penal, ya que la indagatoria no está formalizada. Para la Unidad de Investigación de Bío Bío, Palamara consideró que este pedido es una “buena noticia para los políticos corruptos”.
Por su parte, Jonatan Valenzuela declaró que no tenía antecedentes a compartir al momento de la solicitud. Aun así, el Ministerio Público aún no ha anunciado formalizaciones en la causa principal, abierta desde enero.
En marzo pasado, Boric ya declaró en calidad de imputado ante el persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y junto a él se encuentran también imputados la exministra Maya Fernández, la exsenadora Isabel Allende, la exministra Marcela Sandoval, funcionarios de Bienes Nacionales y directivos de la Fundación Allende.
