Osmar Ferrer Ramírez, vinculado al crimen organizado en Meiggs, salió en libertad desde Santiago 1 por orden judicial, desatando críticas entre Gendarmería y el Poder Judicial. Se investiga su liberación rodeada de irregularidades, con presencia de acompañantes al salir del penal.
Se trata de una excarcelación rodeada de irregularidades, contradicciones administrativas y tensiones institucionales que todavía no se aclaran del todo. Lo que comenzó como un aparente error de tramitación judicial hoy es objeto de una amplia investigación penal, administrativa y tecnológica.
Ferrer fue recibido a las afueras del penal por al menos dos personas cuyas identidades aún no han sido confirmadas. La Fiscalía realiza diligencias para esclarecer cómo ocurrió la excarcelación, incluyendo incautación de celulares y declaraciones a funcionarios.
Gendarmería niega fallas y colabora, mientras el Poder Judicial defiende orden de prisión preventiva. La Corte Suprema adopta medidas y se realiza un segundo allanamiento.
Han pasado ocho días desde que Osmar Ferrer Ramírez, imputado por homicidio calificado y vinculado al crimen organizado en el barrio Meiggs, salió en libertad desde el penal Santiago 1. Se investiga si hubo hackeos o falsificación de documentos.
Desde Gendarmería sostuvo que simplemente ejecutó una orden judicial recibida por los canales formales y negó categóricamente la existencia de hackeos o falsificaciones.
Sin embargo, desde el Poder Judicial llegó una dura respuesta. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados emitió un comunicado en defensa de la jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que la magistrada sí dictó la orden de prisión preventiva y que esta fue debidamente notificada a Gendarmería.
La presidenta de gremio, Mariela Hernández, acusó falta de diligencia por parte de Gendarmería para alertar sobre comunicaciones contradictorias. Rechazó tajantemente los llamados a la destitución de la jueza, argumentando que se vulnera la independencia judicial y la presunción de inocencia.
El máximo tribunal del país también tomó cartas en el asunto. Durante el jueves, la Corte Suprema realizó un pleno extraordinario para abordar el caso y adoptó una serie de medidas. Entre ellas, instruyó al Departamento de Informática del Poder Judicial emitir un informe sobre eventuales fallas del sistema electrónico de tramitación.
Se pidió a la Asociación de Magistrados y Magistradas que informe sobre las dificultades prácticas que han detectado los jueces penales con el sistema actual. La ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, fue la encargada de comunicar públicamente parte de estas decisiones.
Mientras la investigación sigue su curso, el caso se ha convertido en un símbolo de las fallas de coordinación entre instituciones del sistema penal.
