La Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) de la PDI desarticuló un centro clandestino de fabricación y distribución de ropa falsificada en Quinta Normal, región Metropolitana, incautando especies avaluadas en más de $231 millones. Este operativo se realizó a partir de una investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte que derivó en la detención de una mujer que, en su domicilio, fabricaba, acopiaba y comercializaba prendas falsas de reconocidas marcas.
La policía civil decomisó 1.940 vestimentas falsificadas, además de 1.800 piezas en proceso de confección. También incautó un computador conectado a una máquina bordadora industrial, la que quedó inoperativa. El prefecto Daniel Ahumada, jefe de la Bridepi de la PDI, detalló lo ocurrido con la mujer detenida y agregó que por orden del Ministerio Público, esta quedó apercibida, es decir, en libertad con la obligación de comparecer.
En este marco, es dable hacer presente que las prendas de vestir falsificadas no solo le afectan a la economía de las empresas y el fisco. El prefecto Ahumada aseguró que la ropa falsificada constituye un “riesgo para la salud pública”. A diferencia de las prendas originales, los productos falsificados carecen de control de calidad y, además, pueden estar fabricados con materiales de baja calidad, con tintes tal vez tóxicos, los cuales pueden causar distintos tipos de patologías a sus usuarios, como irritaciones cutáneas o alergias, que sería lo mínimo.
El prefecto Ahumada enfatizó que la falta de certificación convierte ese tipo de prendas en un “potencial peligro para el consumidor”.
