Parlamentarios de las Comisiones de Hacienda pusieron sobre la mesa sus propuestas tras el categórico informe de la Contraloría General de la República (CGR), que objetó más de un billón y medio de pesos en la administración del Estado. El informe -que de manera inédita fue hecho público- muestra un escandaloso panorama de negligencias, faltas administrativas o cuestiones que, eventualmente, podrían ser constitutivas de delito.
En ese sentido, la revelación, junto al escándalo de las licencias médicas en el Estado, ha derivado en una agenda legislativa de fortalecimiento de la CGR. Ambas cámaras ya tienen en trámite iniciativas que buscan dotar de facultades sancionatorias al organismo liderado por Dorothy Pérez.
Actualmente, se encuentra en Comisión Mixta un proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, elevando el rango del actual Consejo de Auditorías, que está a cargo del ministerio Segpres. En el Senado, hubo quienes plantearon que podría significar un mal gasto y que las funciones principales ya las realiza Contraloría. Sin embargo, primó la lógica de que perfeccionar el organismo es necesario. Su objetivo será fortalecer la gestión de riesgos, el control interno y la gobernanza de los órganos de Administración del Estado.
Preguntada por medidas en las que el Congreso puede jugar un rol, la senadora y Presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, planteó que esta iniciativa va en la dirección de corregir el actual “desorden” del Estado. Por otra parte, tanto proyectos del PPD y RN, como indicaciones a iniciativas de Gobierno en la agenda de probidad, apuntan a que la contraloría pueda solicitar destituciones de autoridades al Tricel de manera directa, y que sus observaciones sean vinculantes.
Boris Barrera, diputado comunista y Presidente de la Comisión de Hacienda, recuerda que los gobiernos regionales, los municipios y carabineros son las instituciones más objetadas por el organismo. También hay quienes creen que tanto los funcionarios como sus superiores jerárquicos tienen que hacerse responsables.
Una de las averiguaciones principales del informe es la apariencia de cierta desidia en solicitar restituciones de dinero o hacer valer resultados de sumarios. Frank Sauerbaum, diputado RN, dice que hay que cambiar el Estatuto Administrativo para poder desvincular con más facilidad a los funcionarios públicos.
En tanto, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, fue categórico con el gobierno. Exigiendo una “primera bajada” en donde se aquilaten los efectos de este reporte. La vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, ironizó con la atención mediática que ha tenido el informe -que se elabora desde el 2015- y apuntó que, en el pasado, ha habido informes con mayores cifras objetadas.
Así, pide no usar el informe para buscar una ‘motosierra’ contra el tamaño del Estado. Pese a lo anterior, la presión sobre el Gobierno estaría lejos de parar. Esto, porque desde la oposición aseguran que, de cara a la sesión especial de la cámara, esta investigación “les dió la razón”: Hay un exceso de gasto que el Estado puede recortar para llevarla a cubrir el déficit fiscal del país.
