La Fiscalía Sur formalizó a 15 imputados en una red de corrupción, entre ellos 9 ex Carabineros y 6 civiles. Tres ex uniformados, el líder criminal y un receptor judicial permanecen en prisión preventiva. Los demás enfrentan medidas cautelares menores, excepto la esposa del cabecilla, quien está bajo arresto domiciliario total. El tribunal dispuso cuatro meses para la investigación.
En las declaraciones, Eduardo Arrieta, fiscal, destacó que los imputados se vieron involucrados en asociación criminal, cohecho activo y pasivo agravado, falsificación de instrumentos públicos y usurpación de cargos. Señaló que cinco quedaron detenidos: tres ex Carabineros, el líder civil de la red y un receptor judicial que falsificó documentos.
Respecto al modus operandi, Arrieta explicó que el falso receptor judicial reclutaba a carabineros mediante pagos para acelerar embargos, omitiendo protocolos. Los vehículos terminaban en casas de remate con informes adulterados. Antecedentes revelados por BBCL Investiga mostraron que los ex Carabineros cobraban hasta $220 mil por vehículo en operaciones de “embargos exprés”. Utilizaban su investidura y recursos públicos para retirar autos que debían ser recuperados por estudios jurídicos, alterando los procedimientos legales.
Según la investigación, los policías participaban en montajes que facilitaban la salida de circulación de estos vehículos. La red estaba liderada por el civil P.A.B.A., quien coordinaba las diligencias y recibía solicitudes directas de abogados. Fuentes de BBCL informaron que estos procesos suelen demorar meses o años, lo que impulsó a las empresas afectadas a recurrir a los servicios ilegales de los implicados.
El fiscal Arrieta comentó que buscaban agilizar procesos ilegalmente. Los estudios jurídicos pagaban por rapidez, aunque no hay pruebas de que conocieran el mecanismo ilícito.
