Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, denunció una intensa operación política contra derechos laborales en Chile. Esta acción, según él, busca atentar contra los logros conquistados y limitar la posibilidad de movilización. El dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que eliminó el derecho a la confianza legítima para trabajadores del sector público contratados, es un elemento clave de esta campaña.
Aguilar argumenta que este dictamen amenaza el derecho a huelga y movilización, consagrado en convenios internacionales firmados por Chile. El líder gremial destaca que la Corte Suprema y otras instancias judiciales reconocen estos derechos, pero su intención actual es desconocerlos.
El oficio de la CGR a las SLEP (Servicios de Logística Educativa Pública) amenaza sanciones y castigos a profesores que se han movilizado. Este documento aparece en el mismo contexto del llamado de la UDI al gobierno para aplicar medidas contra los docentes que salieron a reclamar derechos.
La CGR respondió a una consulta del senador Esteban Velásquez, determinando que no es necesario pagar días no trabajados durante un paro docente. La Contraloría afirma que cualquier ausencia sin respaldo legal es injustificada y debe ser sancionada con descuentos salariales.
El oficio de tres páginas del CGR explica que la huelga de funcionarios públicos vulnera el artículo 19, N° 16, inciso quinto, de la Constitución. Aunque existen planes de recuperación para evitar estos descuentos, la Contraloría sostiene que estas ausencias no son justificadas y deben ser castigadas.
El dictamen es categórico en rechazar las excepciones a esta norma. Según el CGR, ni los acuerdos entre partes ni los convenios internos pueden alterar este régimen estatutario de los profesores.
