Los empresarios vinculados al caso \u201cPapaya Gate\u201d solicitaron al tribunal autorizaciones para realizar viajes internacionales bajo condiciones estrictas. Estas incluyen el pago de cauciones econ\u00f3micas y el cumplimiento anticipado de otras medidas cautelares, como la firma mensual obligatoria. El Poder Judicial autoriz\u00f3 dichas solicitudes, siempre que se mantuvieran las condiciones establecidas. <\/p>\n
En el caso de Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, se solicit\u00f3 suspender su arraigo nacional del 12 al 28 de abril de 2026, con una cauci\u00f3n de $10.000.000 ya depositada. El tribunal aprob\u00f3 la medida y autoriz\u00f3 la firma mensual con anticipaci\u00f3n. Por su parte, Manuel Alejandro Daire Daud solicit\u00f3 suspender su arraigo nacional entre el 13 de junio y el 13 de julio de 2026, con una cauci\u00f3n similar. El tribunal autoriz\u00f3 ambas solicitudes, manteniendo la firma mensual previa al viaje. <\/p>\n
Paralelamente, la causa ha experimentado modificaciones. En enero de 2026, el Tribunal de Garant\u00eda de La Serena modific\u00f3 las medidas cautelares de Luc\u00eda Pinto, sustituyendo el arresto domiciliario nocturno por firma mensual y arraigo nacional. La fiscal\u00eda explic\u00f3 que esta decisi\u00f3n respondi\u00f3 a su situaci\u00f3n procesal particular, mientras que Jos\u00e9 C\u00e1ceres mantiene el arresto domiciliario nocturno. <\/p>\n
El caso \u201cPapaya Gate\u201d surgi\u00f3 tras la adquisici\u00f3n de terrenos en San Ram\u00f3n de La Serena por el gobierno regional, valorados inicialmente en m\u00e1s de $9.800 millones para construir un recinto deportivo. Sin embargo, peritajes posteriores estimaron su valor en menos de $4.000 millones, lo que gener\u00f3 investigaciones, querellas y comisiones parlamentarias. La causa se formaliz\u00f3 en mayo de 2025, imputando a ocho personas, entre ellas Luc\u00eda Pinto y Jos\u00e9 C\u00e1ceres, con medidas cautelares que hoy permiten excepciones temporales.<\/p>\n