Este viernes, la justicia conden\u00f3 al fisco a pagar $300 millones por da\u00f1o moral a una v\u00edctima de detenci\u00f3n ilegal, torturas y vejaciones sexuales ocurridas durante la dictadura. La sentencia resolvi\u00f3 que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, declarando la imprescriptibilidad de la acci\u00f3n civil a pesar del extenso tiempo transcurrido y rechazando las excepciones opuestas por la defensa estatal.<\/p>\n
Andrea Paulsen fue detenida en su propio domicilio el pasado 28 de octubre de 1989 mientras se encontraba junto a su hermana y su hijo de seis a\u00f1os. En ese momento, fue capturada por cinco civiles, quienes la golpearon y amenazaron con agredir a su hijo. Posteriormente, fue amarrada, encapuchada y subida a un veh\u00edculo.<\/p>\n
Durante el traslado, la v\u00edctima fue agredida sexualmente y golpeada. Adem\u00e1s, cuando lleg\u00f3 a dependencias policiales fue sometida a severas condiciones de torturas f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas. La sentencia subraya la gravedad de los hechos, indicando que la v\u00edctima fue vejada sexualmente tanto en la unidad policial como en los recintos penales a los que fue llevada.<\/p>\n
El fallo del 19\u00b0 Juzgado Civil de Santiago rechaz\u00f3 las excepciones opuestas por el Fisco, incluyendo la reparaci\u00f3n integral y la prescripci\u00f3n extintiva. La sentencia fue categ\u00f3rica al aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estableciendo que los acuerdos y tratados internacionales ratificados por Chile obligan a la reparaci\u00f3n por parte del Estado, comprometiendo su responsabilidad.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, el tribunal cit\u00f3 la Convenci\u00f3n de Viena sobre los Derechos de los Tratados: “Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado”. Este argumento fue el sustento principal para desestimar la defensa del Fisco. El juzgado determin\u00f3 la responsabilidad objetiva del Estado en los hechos, ya que el il\u00edcito no se hubiera producido sin la intervenci\u00f3n de funcionarios estatales.<\/p>\n
La indemnizaci\u00f3n $300 millones se fij\u00f3 por concepto de da\u00f1o moral, considerando la entidad y gravedad de las torturas, agresiones y vej\u00e1menes que afectaron la dignidad e indemnidad sexual de la demandante. Bajo este contexto, la justicia consider\u00f3 que el agravio “se ha mantenido a lo largo del tiempo”, provocando secuelas f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas permanentes, incluyendo estr\u00e9s postraum\u00e1tico por abusos sexuales.<\/p>\n
Respecto al pago, la indemnizaci\u00f3n deber\u00e1 ser reajustado seg\u00fan la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) desde que la sentencia adquiera car\u00e1cter firme y ejecutoriada, m\u00e1s los intereses corrientes devengados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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