Un profesor de una escuela rural fue condenado a 10 años y 1 día de cárcel por abuso sexual contra menores.
El caso involucró a dos víctimas, que fueron representadas por organizaciones gubernamentales.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso sanciones adicionales, incluyendo la inhabilitación perpetua para ocupar cargos relacionados con educación o niños, prohibición de ejercer cargos públicos y derechos políticos durante la condena, interdicción del derecho a la guarda de menores, y vigilancia de la autoridad durante 10 años después de la condena.
El profesor intentó revertir la sentencia, pero la Corte de Apelaciones de Talca rechazó su apelación y ratificó la condena.
