El jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto, defendió la interpelación contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, argumentando que al gobierno de José Antonio Kast “se le acabó la cuenta corriente para echarle la culpa de todo a los gobiernos anteriores”. En esta línea, acusó al Ejecutivo de profundizar la crisis económica y laboral a solo ocho meses de asumir la gestión.
El parlamentario señaló el aumento de la inflación en Chile, el desempleo y la caída de las proyecciones de crecimiento como claras señales del deterioro económico. En este contexto, afirmó que la interpelación busca que Quiroz explique sus decisiones y asuma responsabilidades ante la crisis económica del país.
Soto también descartó que la fiscalización parlamentaria sea incompatible con alcanzar acuerdos legislativos, defendiendo la necesidad de mantener una oposición firme, pero abierta al diálogo político. Por otra parte, manifestó su confianza en que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, prospere, esperando que esto conduzca a su destitución. Además, advirtió que los votos del PDG podrían ser determinantes para definir el futuro del ministro.
Sobre la interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se espera que el ministro asuma su responsabilidad sobre las malas cifras económicas y laborales del país. Se argumenta que la promesa fundacional en materia de economía y empleo del gobierno de José Antonio Kast está incumplida. La crisis económica y laboral se ha profundizado, y las cifras demuestran que la responsabilidad recae en las decisiones económicas del gobierno.
El debate se centró en la utilidad de las herramientas de fiscalización. Se recordó que los diputados poseen facultades de fiscalización que deben ejercer para generar transparencia, pues el escenario actual muestra una crisis económica y de empleo grave. El aumento de la inflación en solo ocho meses y el deterioro de las cifras de crecimiento han puesto en evidencia la necesidad de exigir rendición de cuentas.
Se considera que la interpelación es un acto de transparencia, un ejercicio democrático donde la oposición pide explicaciones técnicas y políticas. Esto es visto como un primer paso necesario para establecer responsabilidades en el actual gobierno y plantear un camino distinto en materia económica.
Respecto al diálogo, se subrayó que los acuerdos no deben ser vistos como una limitación del derecho político. Es fundamental ser una oposición firme en las convicciones, pero también mantener la apertura al diálogo para mejorar la vida de las personas y la gobernabilidad.
En cuanto a las expectativas sobre la acusación constitucional contra el ministro Rabat, se expresaron grandes posibilidades de que llegue a buen puerto, lo que podría derivar en su destitución. Este proceso requiere un riguroso trabajo de la comisión revisora, que debe revisar los antecedentes y la defensa jurídica del ministro para garantizar la transparencia.
Se enfatizó la necesidad de que la comisión revisora y el debate político examinen con profundidad los hechos, lo que implica que la opinión pública debe estar informada sobre el grave estado de la crisis económica y laboral. Se considera que la acusación constitucional tiene gran mérito y relevancia política y constitucional.
