Lo que comenzó como una maniobra política en medio de la discusión del Presupuesto 2027 se ha convertido en una controversia grave, con potencial implicancia para el Ministerio Público. El retiro de permisos constitucionales de dos senadores que acompañan al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia desató acusaciones de eventual falsificación de firma, mientras crecen las presiones para que la mesa del Senado entregue los antecedentes a la Fiscalía.
En el centro de la polémica aparece el senador Juan Luis Castro, quien gestionó el retiro de los permisos de Fidel Espinoza y Ximena Órdenes, a pesar de que, según ambos parlamentarios, no existió su consentimiento. El caso más delicado es el de Órdenes, quien denunció que se utilizó su firma sin autorización para el retiro de un permiso constitucional que había sido aprobado previamente por la Sala del Senado.
A través de una carta, la parlamentaria aseguró categóricamente que desconoce el documento, afirmando que nunca ha retirado su solicitud ni ha autorizado a nadie para utilizar su firma o actuar en su representación. Aunque ambos permisos fueron restituidos, este episodio abrió una controversia que va más allá de un simple trámite administrativo en el Congreso, afectando directamente el desarrollo de las negociaciones del Presupuesto 2027.
Según antecedentes, el retiro de los permisos ocurrió en medio de las negociaciones del Presupuesto 2027, especialmente por la autorización de endeudamiento. Los permisos constitucionales son cruciales porque permiten recalificar el quórum de votaciones, modificando la cantidad de votos necesaria para aprobar ciertas materias. Al retirar estos permisos, se desactiva esa recalificación, elevando la necesidad de votos para el Ejecutivo.
Fuentes consultadas en el Senado señalan que detrás de la decisión habría existido una maniobra política para dificultar la aprobación del endeudamiento. La sospecha apunta a que, al alterar el quorum, sectores de la oposición buscaban presionar al Gobierno para obtener mayores recursos en otras partidas presupuestarias, condicionando su respaldo a la solicitud de deuda.
Uno de los puntos más sensibles es determinar cómo se incorporó la firma de Ximena Órdenes. Existen dos versiones que alimentan la preocupación: una sugiere que el documento fue presentado con la firma electrónica sin su consentimiento, y la otra alega que la firma fue copiada de otro documento. Ninguna versión ha sido acreditada judicialmente, pero ambas han generado preocupación por las posibles consecuencias penales y la investigación de una potencial falsificación de firma.
Senadores con conocimientos jurídicos consultados advierten que para utilizar la firma de otra persona debe haber autorización legal y consentimiento. Si se acredita que alguien utilizó la firma sin autorización, podría investigarse la falsificación de instrumento público o la suplantación de identidad ante el Ministerio Público. La distinción entre un reproche político y un posible delito penal es clave.
El senador Rodolfo Carter fue de los primeros en solicitar que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía, calificando el suceso como un delito eventual en el Senado. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, reconoció que la autorización del parlamentario es indispensable para retirar un permiso constitucional.
La controversia sigue escalando, ya que si se abre una investigación penal, también podría examinarse la actuación de las autoridades del Senado respecto a los antecedentes que conocieron. Hay expectativas de una definición de la mesa o la Secretaría del Senado a más tardar este jueves sobre si se deben remitir los antecedentes a la Fiscalía. De esta manera, una disputa por el Presupuesto 2027 termina instalando una controversia legal sobre el uso de una firma, con profundas implicaciones penales.
