La sesión de la Sala de la Cámara comenzó con el sorteo de los integrantes de la Comisión Revisora de la acusación constitucional presentada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El origen del proceso se remonta a las acusaciones de que el secretario de Estado benefició a más de 56 delincuentes condenados por delitos contra menores, narcotráfico y crimen organizado, según alegan los parlamentarios impulsores de la medida fiscalizadora.
Pese al respaldo del Presidente José Antonio Kast, el mecanismo de acusación constitucional se activó con su presentación. Tras el sorteo de sus integrantes —diputados Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (libertario), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA)—, la instancia quedó con una mayoría de tres-dos a favor de la oposición, fuerza que promueve la acusación constitucional.
A partir de este lunes, el ministro Rabat debe ser notificado, quedando imposible para él dejar el país sin autorización de la Cámara. Desde la notificación, tiene diez días para presentarse ante la Comisión Revisora, ya sea de forma presencial o escrita, para ejercer su defensa. La Comisión, a su vez, dispone de seis días para el estudio de la acusación constitucional y para pronunciarse oficialmente.
Tras su constitución, la comisión acordó que la Cámara debe sesionar para abordar la acusación constitucional. Si el plazo se cumple, el ministro afectado queda citado de pleno derecho a todas las sesiones de la Corporación. El diputado Soto, quien podría presidir la comisión, sugirió la posibilidad de sesiones privadas para proteger la privacidad de las víctimas menores de edad, evitando su revictimización.
Posteriormente, el ministro Rabat anunció que será defendido en esta acusación constitucional por el abogado Juan Ignacio Piña. La tensión política se mantiene alta en la Cámara, con los parlamentarios opositores enfocados en resolver la presidencia de la Comisión en la sesión de este miércoles.
