El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, ha asegurado que la Acusación Constitucional contra el Ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuenta con apoyo político para avanzar en la Cámara de Diputadas y Diputados. Soto proyecta que el trámite legislativo se beneficiará tanto de respaldos directos como de abstenciones o ausencias en la votación, destacando la relevancia de la oposición y el Partido de la Gente para el destino de la acusación constitucional.
Soto defendió los fundamentos del documento, acusando directamente al ministro de justicia de modificar criterios aplicados a las rebajas de condena. Esta preocupación central gira en torno a beneficios otorgados a responsables de delitos sexuales contra menores y a los beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad, así como presuntas infracciones a la probidad. La acusación busca establecer responsabilidades dentro del marco constitucional.
El presidente del PPD sostuvo que el apoyo a la acusación constitucional se definirá conforme los parlamentarios revisen los argumentos legales. Además, señaló que podrían sumarse votos de otros sectores, incluso anticipando una eventual colaboración de algunos parlamentarios de Chile Vamos. Soto explicó que esta colaboración puede manifestarse de distintas formas, ya sea votando a favor, absteniéndose o ausentándose de la sala en el proceso de votación parlamentaria.
Soto cuestionó la facultad del Ministro de Justicia para conceder beneficios, argumentando que “el ministro de justicia no puede atribuirse facultades jurisdiccionales que le corresponden a los tribunales de justicia”. El núcleo del conflicto reside en si el ministro alteró el criterio de administraciones pasadas al resolver las solicitudes, lo cual, según él, debía quedar en manos de los tribunales de justicia, y además acusó al secretario de Estado de actuar de mala fe.
El Gobierno ha defendido legalmente los decretos, y aunque José Antonio Kast mantiene su respaldo al ministro, la oposición ve en el mecanismo de acusación constitucional la vía para establecer responsabilidades políticas y jurídicas. Soto reafirmó la solidez de la acusación constitucional, afirmando que tiene altas probabilidades de avanzar, aunque reconoció que aún deberán enfrentar un nuevo desafío en el Senado para que el caso llegue a buen puerto.
