La oposición presentó este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. El motivo central de la moción se debe a polémicas rebajas de condenas, específicamente aquellas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y a quienes fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad.
El documento, que contiene 189 páginas, fue firmado por diez diputados. La acusación constitucional se fundamenta en la causal de infracción a la Constitución y las leyes, buscando establecer responsabilidades políticas del titular del Ministerio. Esta ofensiva se presentó 15 días después de que los parlamentarios anunciaran el inicio del proceso.
Los argumentos de la oposición se centran en varias ilegalidades. El primer punto cuestiona las rebajas de condenas otorgadas en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, alegando que dichos beneficios se concedieron ignorando las restricciones legales existentes y sin proteger los derechos e intereses de las víctimas. Un segundo eje de la acusación apunta a las reducciones de penas concedidas a exagentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, dudando de los criterios utilizados y la falta de evaluación de los antecedentes de los condenados.
Finalmente, la oposición acusa al ministro de haber brindado información incompleta o inexacta ante el Congreso durante sus explicaciones. Sostienen que las declaraciones no han transparentado adecuadamente los procedimientos ni las responsabilidades de su cartera, generando dudas sobre la gestión interna del Ministerio de Justicia.
La controversia no solo incide en la aplicación de la ley, sino también en la gestión gubernamental. A pesar de que el Presidente José Antonio Kast reconoció que las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores fueron un error, mantuvo a Rabat en el cargo. En este contexto, el proceso de acusación constitucional pone bajo la lupa la necesidad de transparencia y la observancia de los derechos humanos en las políticas de justicia.
Con el ingreso del libelo, la Cámara de Diputadas y Diputados debe tramitar la acusación y revisar sus fundamentos. Si es aprobada, el procedimiento continuará en el Senado, que deberá resolver si el ministro es declarado culpable. Una eventual aprobación significaría la destitución de Fernando Rabat e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años, marcando un precedente clave en el control de las responsabilidades políticas en Chile.
