Una preocupante realidad sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios quedó expuesta en el Consolidado de Información Circularizada N.º 28, elaborado por la Contraloría General de la República. Este informe revisó antecedentes cruciales del período 2022-2025, analizando información de 345 municipalidades del país y señalando fallas en la disposición final.
Entre los antecedentes más delicados se destaca la Región de Coquimbo, donde el organismo identificó ocho vertederos con vida útil vencida, con fechas de agotamiento que se remontan a los años 2003 y 2015. Este hallazgo reaviva el debate sobre las condiciones de depósito de los residuos que generan diariamente las comunidades y la capacidad de las instituciones para garantizar una disposición final que cumpla con las exigencias sanitarias y ambientales.
La situación regional es solo parte de un escenario nacional preocupante en la gestión de residuos. Según el documento de la Contraloría, el 49% de los sitios de disposición final de residuos sólidos domiciliarios no cuenta con autorización sanitaria vigente. Además, el 82% de las municipalidades no informó sobre la recolección, valorización y/o eliminación de residuos domiciliarios en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) en el período 2022 a 2024.
La infraestructura utilizada en el manejo de residuos en Chile también refleja importantes diferencias: el 42% corresponde a rellenos sanitarios, el 37% a vertederos y el 21% a basurales.
La Contraloría General de la República recuerda que las autoridades municipales son responsables de la recolección, transporte y disposición final de los residuos domiciliarios, ya sea mediante gestión directa o a través de empresas contratadas. Esta obligación de gestión de residuos incluye declarar anualmente los antecedentes en el RETC, sistema administrado por el Ministerio del Medio Ambiente. La falta de información dificulta verificar cómo se están manejando los residuos y determinar si las instalaciones utilizadas cuentan con las condiciones necesarias para una correcta disposición final.
Ante estos antecedentes de incumplimiento, Contraloría anunció una fiscalización de alcance nacional sobre la eliminación de residuos sólidos domiciliarios. Esta revisión analizará los riesgos ambientales, sanitarios y financieros, las condiciones de operación de la infraestructura disponible y el cumplimiento de la normativa vigente de medio ambiente.
El antecedente más inquietante es que los ocho vertederos regionales en Coquimbo aparecen con su vida útil vencida desde hace años. El consolidado no individualiza sus nombres ni detalla qué comunas utilizan actualmente cada instalación para la disposición de residuos. Esta situación plantea serios interrogantes sobre las medidas adoptadas por los municipios, las autorizaciones sanitarias vigentes, los contratos de disposición de residuos y los proyectos para regularizar esta infraestructura crítica.
La advertencia de Contraloría sobre la inadecuada disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en Coquimbo vuelve a poner sobre la mesa un problema complejo, que requiere de una solución definitiva en materia de gestión de residuos.
