El problema comienza en el estanque de un camión, pero puede terminar impactando la bolsa del supermercado. El aumento del diésel encarece el transporte de alimentos y, tarde o temprano, alguien debe asumir la diferencia. El camionero no quiere absorber el costo, el comerciante tampoco y el consumidor, que ya enfrenta dificultades económicas, difícilmente estará dispuesto a pagar el aumento. En medio de esta cadena de costos, el Gobierno busca resolver un conflicto que empezó por el precio de los combustibles y se ha convertido en una prueba de su capacidad para gestionar crisis de la cadena logística nacional.
La Moneda ha tomado medidas anunciando el congelamiento de los precios de los combustibles y la extensión de beneficios tributarios para los transportistas. Sin embargo, el desafío es lograr que los conductores vuelvan a trabajar considerando estas medidas como suficientes. Expertos como Francisco Díaz señalan que la carga final de los costos siempre recae en la ciudadanía. La pregunta clave es no solo cuánto pagarán los camioneros por el diésel, sino cuánto puede costar al resto del país mantener operativa la distribución de bienes y servicios básicos.
Para entender la complejidad del precio del transporte, es útil imaginar el recorrido de los alimentos. Desde la cosecha hasta el supermercado, en cada etapa se consume combustible. Si el precio del diésel sube, alguien debe afrontar ese aumento en el costo final de los alimentos. Marcela Vera, economista, advierte que el conflicto afecta especialmente a las pequeñas empresas de transporte de carga, que enfrentan un fuerte incremento en el costo del combustible. Por ello, sugiere que el Gobierno de Chile debería implementar un subsidio específico para las pymes del transporte por un año, amortiguando el impacto en la economía y evitando que se traslade a otros sectores como la distribución de cerezas o arándanos.
Mientras los economistas analizan la crisis del transporte de carga, en Palacio existe otra preocupación: evitar que el paro se convierta en una nueva crisis política. El gobierno ha demostrado una tendencia a intervenir para contener las consecuencias de los conflictos. Los anuncios sobre el congelamiento de los combustibles, por ejemplo, buscan desactivar las movilizaciones, pero también generan cuentas pendientes sobre el financiamiento de las medidas.
Díaz advierte que prolongar el conflicto podría generar dificultades de abastecimiento y mayores precios, pero considera igualmente riesgoso que el Gobierno ceda de manera indiscriminada. Por ello, plantea una salida intermedia: medidas transitorias frente al alza del diésel, acompañadas de reformas que mejoren las condiciones de contratación de los pequeños transportistas y garanticen mejores plazos de pago en el sector del transporte.
Vera insiste, por su parte, que la respuesta debe tener un horizonte más amplio que un subsidio temporal. Ambas visiones coinciden en que dejar que la incertidumbre en el precio del combustible se prolongue tiene un alto costo económico para el país. Los especialistas coinciden en que el desafío para el gobierno no es solo reactivo, sino que debe abordar los problemas estructurales del costo del transporte y la dependencia energética del país.
El dilema que enfrenta el gobierno no es solo económico, sino político. Aunque se logre terminar con el paro de los camioneros, el desafío más grande será evitar que la próxima alza internacional del petróleo vuelva a desestabilizar la cadena de suministro de alimentos. La continuidad del transporte de carga, y la estabilidad de los precios en el supermercado, dependen de soluciones de fondo que superen las medidas paliativas sobre el diésel.
