Aunque el ministro de Justicia, Fernando Rabat, consiga superar la acusación constitucional que prepara la oposición, sus problemas políticos podrían estar lejos de terminar. Así lo advirtió el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, quien reconoció que la polémica por las rebajas de condena ha generado un daño significativo al Gobierno y podría seguir complicando su agenda legislativa y la gestión ministerial.
El parlamentario calificó lo ocurrido como un grave error político y sostuvo que la decisión del presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en el cargo, pese a la controversia sobre las rebajas de condena, es una apuesta cuyos costos políticos todavía están por verse.
El diputado Alessandri abordó el escenario que enfrenta el titular de Justicia ante la acusación constitucional, luego de conocerse las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos graves, incluyendo abusos sexuales contra menores.
Aunque reconoció la gravedad política del caso, hizo una distinción clave entre los errores del Ejecutivo y las causales jurídicas necesarias para destituir a un ministro. A su juicio, los antecedentes conocidos no permiten establecer que Rabat haya vulnerado directamente una disposición constitucional. Sin embargo, sí reconoció que superar la acusación no garantiza el fin de la crisis política del ministro.
El diputado Alessandri apuntó especialmente a las dificultades que podría enfrentar el ministro de Justicia para participar en discusiones legislativas, en medio de los cuestionamientos que mantienen distintas facciones del Congreso. También abordó el respaldo del Ejecutivo, señalando que aún está por verse cuánto afectará esta decisión a la popularidad del Gobierno y a su capacidad para impulsar proyectos de ley, especialmente en el contexto de la reforma judicial o cualquier discusión sobre la aplicación de penas.
Respecto al proceso de acusación constitucional, el presidente de la Cámara sostuvo que Kast estaría esperando conocer el texto definitivo antes de responder a sus argumentos, pero aseguró que el oficialismo no tiene garantizados todos los votos para defender al ministro, lo que añade incertidumbre al futuro de la estabilidad del Gobierno.
Finalmente, Alessandri cuestionó la manera en que ambos sectores políticos han manejado esta controversia. A su juicio, ni la estrategia gubernamental para sostener a Rabat ni la propia acusación constitucional están ayudando a resolver el problema central que originó la crisis: las normas que permiten las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, una materia clave para la legislación chilena actual.
