El diputado Jaime Mulet emplazó a los partidos políticos a asumir su responsabilidad en la aprobación de la ley que permite la reducción de condenas por buena conducta. En una carta dirigida a los timoneles de las colectividades, recordó que José Antonio Kast votó a favor de la normativa que hoy su Gobierno busca derogar, poniendo en duda la coherencia política. Además, cuestionó que la controversia se concentre únicamente en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sin revisar las responsabilidades políticas de quienes respaldaron la legislación.
La polémica por las rebajas de condenas y la reforma penal sumó un nuevo capítulo, esta vez con un emplazamiento directo a los partidos políticos y una evidente contradicción que involucra a figuras clave como José Antonio Kast. El diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, envió una extensa carta a los líderes de las colectividades, cuestionando las contradicciones del sistema político tras las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y la posible eliminación de beneficios de la Ley 19.856.
Su principal crítica se centra en que diversos sectores buscan establecer responsabilidades, pese a que la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente, fue aprobada en 2003 con un amplio respaldo transversal. Esta normativa, impulsada para incentivar la rehabilitación y la reinserción social, no excluía originalmente de sus beneficios a todos los condenados.
Mulet expuso una contradicción notable al señalar que el Presidente José Antonio Kast, cuando era diputado de la UDI, votó favorablemente por la legislación que ahora su Gobierno pretende derogar. De hecho, según registros, Kast respaldó la iniciativa, lo que pone en tela de juicio la coherencia en la aplicación de la ley y la responsabilidad política de las distintas fuerzas.
El parlamentario identificó la historia de la normativa, mencionando cómo fue impulsada por Ricardo Lagos y cómo posteriormente Sebastián Piñera promovió restricciones. Esta secuencia lleva a Mulet a argumentar que el problema no reside en cambiar de opinión, sino en ignorar las decisiones políticas adoptadas en el pasado, afectando el debate sobre la reinserción social.
Mulet declaró que “la responsabilidad individual cuando existe debe cobrarse, pero no puede convertirse en una excusa para eludir la responsabilidad institucional y política que nos corresponde a todos”. La carta abordó también la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, advirtiendo que cualquier investigación debe sustentarse en infracciones concretas y no en consideraciones de mera conveniencia política.
El diputado también emitió reparos a la derogación total de la Ley 19.856. Aunque reconoce la necesidad de mayor rigor para delitos graves, insiste en que debe revisarse si el problema reside en el beneficio o en sus requisitos de aplicación, en lugar de optar por una derogación total basada en el populismo.
Finalmente, Mulet endureció sus críticas a los partidos, recordando que desconocer las decisiones del pasado debilita la confianza en las instituciones. Mientras el Ejecutivo busca la derogación y la oposición evalúa responsabilidades, Mulet fuerza el debate sobre la responsabilidad política de los partidos que aprobaron la Ley 19.856 y hoy cuestionan sus consecuencias para la reinserción social en Chile.
