El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de La Serena por un presunto fraude al Fisco que supera los $774 millones. Esta acción judicial se relaciona directamente con contratos de suministro de materiales destinados a obras viales en la región de Coquimbo y apunta a exfuncionarios de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), además de un representante legal de la empresa contratista CMoller SpA.
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2021 y 2022, durante el proceso de adjudicación de distintos contratos a la empresa. El CDE sostiene que existieron pagos autorizados por materiales que nunca fueron entregados, suministros que no cumplían las exigencias técnicas ni las obras viales prometidas, lo que constituye un grave perjuicio al erario público.
La querella criminal se dirige contra cuatro personas, incluyendo al exdirector regional de Vialidad, Óscar Mauricio Vilches Estay; el exjefe de Conservación y exdirector regional subrogante, José Luis Villagrán Moore; el exfuncionario e inspector fiscal Pablo Ignacio Geraldo Zúñiga; y el empresario Gustavo Adolfo Esteban Contreras Gutiérrez, representante legal de CMoller SpA.
Uno de los principales puntos de conflicto es la compra de rocas para la construcción de defensas fluviales en siete puentes de la provincia del Limarí. Aunque Vialidad adjudicó contratos por más de $1.052 millones, el CDE determinó que las estructuras de protección no se construyeron en cinco sectores, dejando los materiales acumulados sin cumplir con su propósito en las obras viales.
Además, se detectaron graves irregularidades en la calidad y cantidad de los suministros. Por ejemplo, en los puentes El Higueral y Los Sapos, se pagaron 5.000 metros cúbicos de rocas, cuando las mediciones en terreno solo arrojaron 1.873,91 metros cúbicos, resultando un perjuicio fiscal de $708.241.079 solo por estas operaciones.
Otro episodio de fraude se presentó en el sector El Delirio, en Punitaqui. Aquí, se pagaron más de $42 millones por polvo de roca y material granular que, según análisis posteriores, no cumplía con las condiciones técnicas requeridas para una base de camino. Esta situación forzó la terminación anticipada del contrato y la necesidad de una nueva licitación, lo que añade complejidad al caso de fraude MOP.
El mecanismo que permitió estas irregularidades, según el Consejo de Defensa, fue la falta de separación de funciones. Se determinó que los funcionarios que evaluaban las ofertas de los contratos de suministro intervenían posteriormente en la fiscalización y autorización de pagos, facilitando la aprobación de informes que certificaban suministros defectuosos o inexistentes. La empresa estuvo involucrada en al menos 33 licitaciones de Vialidad Coquimbo durante los años 2021 y 2022.
La querella atribuye al exdirector Óscar Vilches participación clave en la adjudicación de estos contratos y en la designación de los funcionarios que posteriormente fiscalizarían los mismos procesos, vinculando a figuras de alto nivel con la gestión de fondos públicos de la infraestructura vial.
