Al menos trece condenados extranjeros por tráfico de drogas, detenidos en la frontera norte del país o en rutas de contrabando provenientes de ella, habrían recibido beneficios significativos con rebajas de penas. Este proceso de reducción de condenas fue ejecutado mediante decretos del Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Así lo reveló un reportaje de Interferencia, tras revisar 150 decretos de reducción de condenas a ciudadanos extranjeros, de los cuales 115 se vincularon a delitos relacionados con el tráfico de drogas. El medio identificó 13 casos cruciales ligados a la frontera norte y a la posesión de grandes cantidades de drogas. Estos casos involucran a ciudadanos bolivianos, venezolanos, colombianos y argentinos, e incluso señalan que en cinco de ellos, el ingreso ilegal se realizó a través de pasos no habilitados.
Los decretos de rebaja de penas argumentan consistentemente, basándose en fallos judiciales, que el Ministerio de Justicia no tiene la facultad para denegar el beneficio de reducción de condena, independientemente de la gravedad del delito o del bien jurídico protegido.
Entre los antecedentes de este sistema se encuentra el caso de Jhoel Ramos Antesana, un ciudadano boliviano involucrado en el tráfico de más de una tonelada de droga, incluyendo grandes cantidades de marihuana y clorhidrato de cocaína. Su detención ocurrió en la región de Tarapacá. Tras su condena, el Ministerio de Justicia le rebajó tres meses de pena mediante un decreto. Otro ejemplo es Fredy Orlas Heredia, colombiano condenado por tráfico de 52 kilos de pasta base de cocaína, cuyas solicitudes de libertad condicional habían sido previamente rechazadas.
La investigación también detalla el caso de José Luis Liscano Bermúdez, ciudadano venezolano detenido en 2021 con 32,7 kilos de ketamina por tráfico de drogas. A estos se suma Wilber Tenajas Orellana, boliviano detenido en 2022 con 291,5 kilos de marihuana por cruzar el país por un paso no habilitado. Estos ejemplos demuestran la magnitud de las rebajas de condenas otorgadas, impactando a condenados por delitos de drogas.
Estos casos se suman a otros antecedentes sobre rebajas de condenas en la actual administración. Es importante recordar que la controversia se intensificó tras conocerse 56 reducciones de penas a condenados por delitos sexuales, reforzando el debate sobre las políticas de penalidad y el manejo de los beneficios penitenciarios en el país.
