La controversia sobre la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad sumó un nuevo capítulo este lunes, tras la exigencia de los partidos de oposición a José Antonio Kast. A través de una misiva, las colectividades cuestionaron la permanencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, señalando que la actual crisis generada por los beneficios penitenciarios otorgados a 56 condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes exige la salida de Rabat.
Los partidos recordaron que, si bien el Gobierno se ha mostrado dispuesto a abordar los cuestionamientos, es crucial que más allá de reconocer errores, se establezcan responsabilidades políticas y se garantice la transparencia en todas las decisiones. La oposición reiteró su exigencia de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, solicite su renuncia, argumentando que ya no es un interlocutor válido para abordar la gravedad de la situación en el país.
Además de pedir la salida de Rabat, los representantes de la oposición plantearon medidas concretas al Mandatario. Exigieron la transparencia total, pidiendo la entrega de los decretos de rebaja de condenas con sus fundamentos, resguardando siempre la identidad de las víctimas. También solicitaron una revisión exhaustiva de los beneficios penitenciarios y la implementación de un plan de atención integral para las víctimas, que incluya protección policial, asistencia psicológica y jurídica.
La ofensiva opositora se suma a la creciente presión sobre el Gobierno en torno a los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. Estos cuestionamientos han abierto un debate intenso sobre la responsabilidad política del ministro Rabat, y la polémica mantiene abierta la posibilidad de una acusación constitucional contra el titular de Justicia.
