El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), ha cuestionado directamente al presidente José Antonio Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en relación con las controvertidas rebajas de condena otorgadas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. El socialista contrastó las promesas de campaña de la derecha con las decisiones de la administración actual: “Kast en su campaña prometió mano dura contra la delincuencia, y hoy su gobierno libera a pederfilos y violadores de derechos humanos”. “¿Al gobierno le importan realmente los niños? Los mismos que le niegan los computadores a los escolares le rebajan las condenas a los pedófilos”, señaló en La Tercera, enfocando el debate en la aplicación de la justicia penal.
Sus declaraciones se suman a un creciente cuestionamiento sobre los 56 decretos de rebaja de condena dirigidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. La cartera ministerial defendió su actuar hasta hace poco, argumentando que la jurisprudencia de la Corte Suprema limitaba la aplicación de la exclusión incorporada en 2022 a delitos cometidos antes de su vigencia. No obstante, este viernes el Ministerio de Justicia revirtió su postura, anunciando la suspensión de nuevas tramitaciones de beneficios penales.
Elizalde rechazó esta explicación, apuntando directamente a la responsabilidad del ministro Rabat en la firma de los decretos. “Rabat está tratando de sacarse los pillos, pero los hechos son claros: firmó decretos para liberar anticipadamente a pederastas condenados por la justicia. No basta con invocar una supuesta jurisprudencia para justificar las decisiones administrativas que son de su exclusiva responsabilidad, tal como afirmó la Presidenta de la Corte Suprema”, sostuvo, elevando la discusión al ámbito de la responsabilidad pública.
El exministro también cuestionó la existencia de una interpretación judicial uniforme que legitimara al Ejecutivo para otorgar estas rebajas. “La supuesta jurisprudencia uniforme que invoca Rabat no es tal. Hay fallos en distintos sentidos, por lo que no se puede sostener que exista un criterio judicial único e inequívoco que obligue a conceder estos beneficios relacionados con delitos sexuales menores”, afirmó. A su juicio, el Gobierno debía defender ante los tribunales la aplicación de la norma que establecía la exclusión de estas rebajas para los condenados por delitos sexuales.
El socialista recordó que, como senador, apoyó la aprobación de la Ley 21.421. Según relató, durante su tramitación el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que esta ley se aplicaría a las solicitudes posteriores a su publicación, sin importar la fecha del crimen o la condena. Desde esta perspectiva, Elizalde trazó una clara distinción entre el cumplimiento de una resolución judicial y la concesión de beneficios por vías administrativas. “Fernando Rabat no estaba obligado a conceder estos beneficios. Una cosa es cumplir una sentencia judicial dictada en un caso concreto y otra muy distinta es extender su criterio a terceros mediante actos administrativos y olvidando el efecto relativo de las sentencias”, puntualizó, enfatizando los principios de la ley penal chilena.
