El senador y presidente de Republicanos, Arturo Squella, ha respaldado los indultos para policías condenados por hechos del Estallido Social, sosteniendo que en ciertos casos corresponde concederles la libertad total. Aunque rechazó presionar al presidente José Antonio Kast, afirmó que el encarcelamiento de los uniformados constituye una injusticia que debe corregirse mediante un indulto humanitario. Sus declaraciones surgen en medio del debate sobre esta solicitud, recordando el caso de Juan Aliste Vega, condenado por el homicidio del cabo Luis Moyano, cuya petición no fue resuelta.
El respaldo de Republicanos a estas solicitudes de indultos ha generado diferencias en la derecha. Squella argumentó: “En algunos casos yo creo que lo que corresponde es la libertad total”. Para el senador, el argumento para beneficiar a los policías va más allá de su estado de salud; sostiene que actuaban para proteger la población y la institucionalidad durante los desórdenes de 2019. “Lo que estaban haciendo los Carabineros es cumplir sus funciones y no pueden estar cumpliendo condenas privativas de libertad por esa circunstancia”, afirmó al referirse al derecho de la institución.
Desde esta perspectiva, defendió que el presidente utilice el mecanismo del indulto, incluso cuando los tribunales hayan aplicado correctamente la ley. Según explicó, la rigidez del derecho penal podría impedir que el juez ponderara que el funcionario también estaba defendiendo el estado de derecho y la institucionalidad. Por ello, rechazó la idea de que otorgar un beneficio signifique desconocer una sentencia judicial, aclarando que no implica llevarle la contra al poder judicial.
Squella aseguró que los casos están siendo estudiados, evitando vincular cualquier decisión con el aniversario del Estallido. Respecto a la posible conmutación de penas o alternativas al cumplimiento de condenas, explicó que el indulto también puede sustituir la cárcel por arresto domiciliario. No obstante, enfatizó que su respaldo no se limita únicamente a cambiar el lugar de cumplimiento de la pena.
En cuanto al criterio humanitario y los casos de enfermedades terminales, planteó la necesidad de discutir una regulación legal que evite depender permanentemente de una decisión presidencial sobre el indulto. Esto apunta a una reforma legal del derecho penal. Mientras el debate sigue abierto entre distintas bancadas políticas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha mantenido su postura, descartando presiones políticas y evitando comprometer una fecha para resolver las solicitudes de indultos.
