Un proyecto de ley ingresó al Congreso que busca modificar el Código Penal para aumentar las sanciones en casos de ataque a una mujer embarazada. La iniciativa se enfoca en el aumento de penas cuando un tercero comete un ataque violento y, como resultado directo de esa agresión, la víctima muere y también lo hace el hijo en gestación. Los proponentes del proyecto proponen que, en estos casos de homicidio o femicidio, el responsable sea sancionado no solo por la muerte de la madre, sino también por la muerte del no nacido, siempre que haya sabido que la mujer estaba embarazada.
Por ejemplo, si una persona causa heridas a una mujer embarazada con un arma y, producto del ataque, ella fallece junto con el feto, la propuesta busca que la muerte del hijo en gestación sea considerada un delito independiente con una pena propia. Es fundamental entender que esta modificación penal se refiere únicamente a los ataques externos cometidos por terceros. Esto no implica cambios en las normas que rigen la interrupción voluntaria del embarazo ni tipifica el aborto como un delito en estos contextos.
La propuesta busca incorporar un nuevo artículo al Código Penal para castigar a quien cometa un homicidio, femicidio o parricidio contra una mujer embarazada y provoque la muerte del hijo en gestación. Para ello, el proyecto establece una pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo, equiparándola a la pena del homicidio simple. Esta sanción se aplicaría de forma independiente de la pena por la muerte de la mujer, reconociendo la muerte del hijo en gestación como un acto de doble castigo legal.
Uno de los requisitos esenciales para la aplicación de esta ley penal es que el agresor tenga conocimiento de la gestación de la mujer. De esta manera, la ley se centra en la responsabilidad directa del atacante. Además, el proyecto contempla un segundo escenario de protección legal: cuando la mujer sobrevive al ataque, pero el hijo en gestación fallece a causa de las lesiones sufridas por la madre.
Los autores de esta reforma legal argumentan que la legislación actual no protege adecuadamente la vida del hijo en gestación cuando esta pérdida es una consecuencia directa de un delito contra la madre. La meta principal es garantizar que el Código Penal sancione de manera proporcional el ataque que culmina con la pérdida de la vida de la embarazada y del niño en gestación.
