La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados retomó la discusión en particular del proyecto de ley que consagra los registros de Actos Vandálicos e Incivilidades. Este debate llega tras el complicado proceso de revisión del catálogo de conductas sancionables que forman parte de la legislación sobre seguridad ciudadana.
Los diputados encontraron una nueva piedra de tope: la financiación del proyecto. La iniciativa, mediante sus artículos transitorios, dispone que el financiamiento operativo de esta ley de Actos Vandálicos se otorgue a través de los fondos de los municipios, lo cual levantó alertas sobre la viabilidad de implementar la ley a nivel local.
Esto genera preocupación en torno a la capacidad de las municipalidades para asumir estos costos, especialmente considerando los problemas financieros que enfrentan las casas consistoriales, incluyendo la gestión de los fondos comunes municipales y el pago de contribuciones.
Eduardo Cretton, diputado y vicepresidente de la UDI, enfatizó que cargar este gasto a las municipalidades representa una línea roja, advirtiendo que los municipios ya enfrentan una compleja situación financiera, con deudas importantes en áreas como salud y educación.
En línea con esta preocupación, Juan Marcelo Valenzuela, diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente, señaló que un financiamiento municipal podría paralizar la aplicación de la ley una vez que se convierta en ley. Criticó que sin recursos directos, como ha ocurrido en debates anteriores, una ley de seguridad ciudadana corre el riesgo de volverse impracticable.
A pesar del estancamiento causado por el financiamiento, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó el progreso de la iniciativa, manteniendo un discurso de diálogo abierto desde el Gobierno y dirigiendo el foco en el avance de los debates parlamentarios.
Para poder destrabar la cuestión del financiamiento de esta crucial ley, la comisión ha programado una audiencia con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. Su intervención buscará explicar la fórmula propuesta por el Gobierno y escuchar las propuestas de los parlamentarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto de seguridad ciudadana.
