Una nueva observación de la Contraloría General de la República puso el foco en la gestión de la campaña de vacunación contra la influenza 2024. El organismo fiscalizador detectó que 762.326 dosis adquiridas por el Ministerio de Salud vencieron en dependencias del operador logístico sin llegar a ser distribuidas a los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI), generando un perjuicio observado de más de 3 mil millones de pesos ($3.640.544.800). Las vacunas, provenientes de compras a Sinovac Biotech Co. Ltda. y Sanofi Pasteur S.A., estaban destinadas a fortalecer la disponibilidad de vacunas en el marco de las adquisiciones adicionales realizadas durante la campaña.
Según el informe de la Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado medios para la gestión de su redistribución o realizar ajustes operativos que permitieran utilizar estas dosis para la población. Por esta situación, el organismo anunció que deducirá el reparo correspondiente por los $3.640 millones, pues la falta de distribución de las vacunas antes de su vencimiento no se adhiere a los principios de control y eficiencia en la administración de los recursos públicos, críticos para cualquier programa de salud pública.
La campaña de influenza 2024 registró una merma total de 1.196.648 dosis. La Contraloría detalló que estas dosis caducadas representan un porcentaje significativo de las 9.601.656 dosis totales. Si bien de las 9.603.962 dosis adjudicadas fueron distribuidas 8.839.330, hubo fallas importantes en el almacenamiento y la coordinación operativa logístico.
Otro aspecto crucial revisado fue el cumplimiento de la meta de cobertura de vacunación. El Minsal había establecido un objetivo del 85% de cobertura, pero tres grupos de población quedaron por debajo de ese umbral. Específicamente, personas de 60 años y más, gestantes y la estrategia capullo mostraron coberturas inferiores a la meta nacional, evidenciando brechas en la salud pública que requieren atención urgente.
Además, la investigación de la Contraloría abordó deficiencias en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI). Se detectaron 208 registros de inoculaciones con fechas posteriores a la fecha de fallecimiento de las personas asociadas, llegando a diferencias de hasta 61 años. La Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública regularizar estos antecedentes, reforzando la necesidad de mejorar la trazabilidad de los datos sanitarios y la gestión de la información en el Ministerio de Salud.
Ante estas observaciones, la Subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, confirmó que el Ministerio de Salud adoptará todas las medidas correctivas. Señaló que se están implementando planes para subsanar las falencias detectadas por el órgano fiscalizador, incluyendo medidas para mejorar la gestión de las vacunas y la resolución de brechas en los sistemas informáticos del Ministerio de Salud, fortaleciendo así la eficiencia de la próxima campaña de vacunación.
