El presidente José Antonio Kast se refirió en Radio Infinita a la reforma constitucional de seguridad impulsada por su Gobierno, desmintiendo que sea iliberal y manifestando que no anticipa un mayor drama ante los cuestionamientos que ha recibido esta iniciativa de seguridad nacional. El jefe de Estado justificó la presentación de la reforma señalando la necesidad de herramientas “mucho más fuertes para combatir al crimen organizado”, indicando que ahora se inicia un debate crucial donde el proyecto constitucional podrá ser perfeccionado.
En relación con si la legislación otorga un poder excesivo al presidente, Kast aclaró que esto no ocurre, pues una reforma constitucional se delimita siempre de acuerdo a una ley orgánica constitucional. Además, recordó que cualquier posible vulneración de los derechos constitucionales sigue estando sujeta al recurso de amparo y otras medidas legales que pueden adoptarse posteriormente. Argumentó que cualquier líder que pretenda dirigir el país debe ser muy responsable, dado que las acusaciones constitucionales y los procesos en tribunales son inherentes a la vida política.
Respecto a las críticas de Luciano Cruz-Coke sobre que la reforma raya en lo iliberal, Kast respondió categóricamente negándolo, llamando al encuentro un debate político legítimo. Si bien afirmó que el proyecto no es iliberal, reconoció que está abierto a realizar modificaciones, insistiendo en que la naturaleza del Poder Legislativo permite que toda ley sufra cambios durante su proceso de debate.
El mandatario aseguró que el Ejecutivo buscará avanzar con la aprobación de la reforma paso a paso, considerando los comentarios de distintas fuerzas políticas y revisando antecedentes de otras reformas constitucionales. Se mostró dispuesto a modificar, por ejemplo, la extensión del Estado de Excepción, que podría diseñarse por un plazo de 240 días sin necesidad de pasar previamente por el Congreso Nacional.
Sobre posibles excesos en la aplicación de esta nueva ley de seguridad, Kast enfatizó que siempre operará un control ex post. Argumentó que cualquier funcionario que se exceda de los límites o que infrinja algún derecho, será juzgado en los tribunales, lo que debería disuadir cualquier acción ilícita, manteniendo siempre la observancia de los derechos constitucionales.
