Mientras se discutía si la violencia del estallido social 18-O había sido planificada o si existían intereses extranjeros detrás del conflicto, la Fiscalía Nacional, liderada entonces por Jorge Abbott, y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) avanzaban por caminos separados, sin intercambiar ningún antecedente crucial.
La confirmación de estas fallas en la inteligencia estatal aparece casi siete años después, en un oficio clave enviado a la comisión investigadora. Este documento se ha convertido en una prueba clara del desorden estatal que rodeó la investigación del estallido. Para los participantes en la comisión, el hallazgo principal es un Estado deficiente, con agencias incapaces de interoperar en la persecución penal.
La investigación del 18-O estuvo marcada por autoridades que no comparecieron, como el ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuyos antecedentes serán remitidos a la Contraloría. El balance general fue desalentador: de los oficios enviados, solo una pequeña fracción pudo ser contestada de manera certera. La comisión por el 18-O reveló que, en lugar de hallar una gran conspiración, el desorden del Estado fue el resultado más evidente.
Un punto crítico expuesto fue la falta de comunicación entre los persecutores judiciales (liderados por Jorge Abbott) y la ANI en la investigación de los hechos posteriores al 18 de octubre. La respuesta del fiscal nacional, Ángel Valencia, fue evasiva, sin explicar por qué nunca hubo un intercambio de información ni si la ANI entregó informes a otras autoridades.
La comisión de investigación también solicitó antecedentes al Ministerio del Interior sobre lo que manejaban los organismos de inteligencia. Aunque hubo respuestas parciales, la falta de un flujo de información coordinado profundizó las dudas sobre la inteligencia estatal. El presidente de la comisión, Hans Marowski, resumió el resultado: el Estado mostró ser deficiente en materias de inteligencia y en la persecución penal, con agencias incapaces de coordinar acciones.
Los opositores, como Daniel Manouchehri, señalaron que los esfuerzos por probar una conspiración o una intervención extranjera fracasaron. Lo que apareció fue, en cambio, un sistema de inteligencia mediocre y descoordinado durante el periodo del estallido del 18-O.
El debate político sobre la responsabilidad en el estallido del 18-O se centró en las fallas de la inteligencia estatal y la omisión de autoridades clave. La baja concurrencia de personal en la comisión impidió profundizar la investigación. Las conclusiones más sólidas, consenso entre los distintos actores, es que el Estado llegó al 18-O con una inteligencia débil y un profundo desorden estatal.
