Aunque aún se desconoce quién liderará la comisión transversal para revisar el Estatuto Administrativo (EA), es crucial recordar que la reforma del empleo público no es un tema novedoso, dado que el EA data de 1989. Los expertos en función pública señalan que el problema principal no es la necesidad de cambiar la normativa, sino el método para lograrlo, prestando especial atención a los derechos y la seguridad de los trabajadores. Además, la inacción perpetúa un modelo de administración pública que está obsoleto y que corre el riesgo de quedar rezagado por los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial. Actualmente, el personal en el sector público es considerable, y esta fuerza laboral requiere una profunda actualización para responder a las demandas de la modernización del Estado.
Expertos en el ámbito de las condiciones contractuales han señalado que la rigidez y la diversidad de los contratos laborales, como las plantas, las contratas y los honorarios, son barreras clave para la reforma. Estas diferencias en las modalidades de empleo público generan disparidades en las remuneraciones y las condiciones laborales. Los profesionales coinciden en que mejorar la gestión del talento y las políticas de recursos humanos requiere abordar estas fallas estructurales de la administración pública.
A pesar de los intentos de reforma del Estatuto Administrativo en distintos periodos, la continuidad de estas iniciativas es un reto constante. La realización de una reforma profunda del empleo público debe establecerse como una política de Estado y no meramente como una decisión gubernamental puntual. La acumulación de diagnósticos de distintas comisiones sobre la gestión pública demuestra la necesidad de un abordaje integral y transversal que garantice el desarrollo laboral y la eficiencia en la administración pública.
El desafío de modificar el régimen laboral es complejo porque está ligado a evaluaciones de desempeño y compensaciones económicas. Para avanzar en la mejora del empleo público, es necesario replantear el vínculo entre incentivos económicos y el rendimiento laboral, buscando desvirtuar el objetivo original de la medición de desempeño. Es fundamental, por lo tanto, centrarse en cómo se aborda el trabajo eficiente y la carga funcionaria, antes de discutir únicamente las figuras de salida de los funcionarios.
En resumen, la reforma del Estatuto Administrativo exige un consenso que eleve estas discusiones al plano de políticas de Estado. El foco debe estar en crear un sistema de función pública que, además de ser moderno, garantice estabilidad y mejora las condiciones contractuales de los funcionarios. La superación de la rigidez normativa es esencial para que la administración pública chilena pueda enfrentar los desafíos del siglo XXI y mantener su eficiencia operativa.
