La UDI elaboró un paquete de 20 propuestas diseñadas para enfrentar lo que califican como una “emergencia laboral”. Estas medidas abordan la necesidad de flexibilizar las normativas laborales, amplía el Subsidio Unificado al Empleo y buscan reducir la judicialización de los conflictos. Además, se proponen revisar dictámenes de la Dirección del Trabajo de los últimos diez años, aspectos claves para mejorar el mercado laboral.
La iniciativa surgió de una mesa de trabajo especializada, contando con la participación de exministros del Trabajo de Chile Vamos, expertos y parlamentarios. Los proponentes ya mantuvieron reuniones con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y tienen previstas citas con otros titulares de Estado, demostrando el compromiso por el empleo y la reactivación económica. Estos esfuerzos buscan complementar y aportar propuestas concretas de corto, mediano y largo plazo.
La diputada constata que el diagnóstico actual es de emergencia laboral, un tema crucial para la empleabilidad, especialmente para las mujeres y los jóvenes. El objetivo primordial es que la creación de empleos sea una prioridad nacional. Para ello, es fundamental ajustar el Subsidio Unificado al Empleo, extendiendo el tramo etario a los 29 años y eliminando el factor de vulnerabilidad, lo que facilitaría la contratación rápida y aumentaría los beneficiarios del apoyo económico.
Dentro de las propuestas, se busca flexibilizar el Código del Trabajo, eliminando la rigidez que genera asimetrías entre trabajador y empleador. Esto incluye la modificación de la polifuncionalidad de los contratos, permitiendo que un empleado realice múltiples actividades dentro de la misma empresa sin requerir un lugar específico. Además, se propone una distribución de jornada más fluida, adaptándose mejor a las necesidades de distintos rubros.
Un punto central es la disminución de la judicialización laboral. Dado que un alto porcentaje de las causas por despidos son ganadas por el trabajador, es esencial revisar la legislación y reducir los costos laborales. Esta revisión también implica revisar dictámenes de la Dirección del Trabajo de los últimos diez años, ya que el cambio de doctrinas históricas genera incertidumbre y afecta la inversión y los costos de los empleadores.
