El diputado Jaime Mulet calificó el cobro de peajes y tarifas TAG como un “impuesto encubierto”, señalando que los chilenos pagan más por el servicio de la infraestructura vial de lo que realmente reciben. Datos de Bío Bío revelan que el Estado ha obtenido grandes beneficios de las segundas concesiones de autopistas, recaudando 2,7 billones de pesos solo en cinco contratos. Mulet criticó la desnaturalización de las concesiones, proponiendo que el pago debería limitarse únicamente a los costos de mantenimiento y reposición de las obras, y no cubrir la totalidad de la construcción inicial. “Estamos pagando, tanto en muchos peajes como en los TAG, un valor mayor del servicio que se está recibiendo,” afirmó el diputado Jaime Mulet, señalando el “impuesto encubierto” que financian los usuarios chilenos.
La investigación de Bío Bío reveló que el Estado ha estado recibiendo multimillonarios beneficios gracias a las segundas concesiones de autopistas. De hecho, el fisco recaudaría 2,7 billones de pesos por solo cinco contratos de carreteras. Frente a esta situación, Mulet explicó que el sentido original de las concesiones buscaba financiar obras públicas y caminos mediante recursos privados. Sin embargo, ha habido una transformación en el sistema que ha llevado a que el pago no se centre solo en el mantenimiento, sino que se perciba como un verdadero impuesto encubierto que afecta a la infraestructura vial.
El parlamentario también hizo hincapié en la necesidad de revisar las tarifas TAG y presentó un proyecto de ley para rebajar o eliminar multas relacionadas con estos dispositivos, acusando que existe una situación análoga en las autovías urbanas. Además, Mulet denunció que este tipo de contratos no pasan por el Parlamento, y que la falta de una autorización legal robusta pone en duda su legitimidad.
Mulet recordó que el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, había reconocido en una reunión previa que muchas de las concesiones se habían convertido en meros entes recaudatorios de recursos. El diputado también señaló que, a pesar del esfuerzo por impulsar una comisión investigadora sobre las concesiones, existe un “lobby tremendo” que se opone a tocar el sistema. Mulet reiteró que no busca terminar con las concesiones, sino exigir la verificación de que las tarifas y los cobros sean justos y no se transformen en un impuesto que perjudique el financiamiento de obras públicas. Por ello, aseguró que están trabajando para impulsar una nueva comisión investigadora sobre las concesiones autopistas.
