El presidente José Antonio Kast defendió su decisión de no desplegar Fuerzas Armadas en las calles para labores de control del orden público, argumentando el riesgo de exponer a conscriptos a procesos judiciales. Este planteamiento se enmarca en el debate sobre la seguridad pública en Chile, especialmente tras revisar casos como el del conscripto de La Serena, Carlos Robledo Olguín.
Durante su visita a la región de La Araucanía, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de utilizar militares para enfrentar la creciente delincuencia. Kast reiteró su negativa a desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas, recordando el caso de Robledo Olguín, condenado en el contexto del estallido social. Sostuvo que el rol principal de las Fuerzas Armadas es la protección de la soberanía, y que el gobierno debe tomar acciones efectivas para que la delincuencia entienda que ha cambiado la dinámica de la seguridad interior.
El jefe de Estado enfatizó que su administración actuará con responsabilidad al abordar la seguridad pública, incluso si conlleva costos políticos. No quiere arriesgar a jóvenes con armamento de guerra, pues podría dejarlos legalmente desprotegidos. Por ello, Kast señaló que antes de evaluar un despliegue de militares para tareas de seguridad interior es crucial avanzar en la reglamentación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y otros proyectos de ley.
El caso del conscripto de La Serena es, además, un factor que está siendo considerado por el gobierno para una posible concesión de indulto presidencial. Las declaraciones de Kast se enmarcaron en la necesidad de fortalecer la seguridad en La Araucanía y su agenda contra la delincuencia. Al recordar la violencia en la zona, hizo un llamado a poner “mano justa” y aseguró que su gobierno haría todo lo legal posible para recuperar el orden público.
José Antonio Kast reafirmó que no hay libertad sin seguridad, y que la ciudadanía ha sufrido por mucho tiempo la inseguridad. Manifestó el compromiso de que se harán todos los esfuerzos para que aquellos responsables de la violencia rindan cuentas ante la justicia. La agenda presidencial en la región continuará con actividades que abordan la recuperación de la seguridad en La Araucanía, reafirmando el compromiso con el restablecimiento del orden público y la ley.
