En medio de un intenso debate político, esta tarde comenzará a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, ha generado reacciones contrapuestas en el Congreso. Mientras sectores de la actual oposición calificaron el libelo como una acción irresponsable, el oficialismo ha asegurado contar con los respaldos necesarios para el avance de la acusación.
Una semana clave enfrenta Grau, quien fue jefe de la cartera de Hacienda durante la parte final del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Este proceso se materializó tras el ingreso formal del libelo acusatorio en contra del economista por parte del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. El documento, que señala presuntas inconsistencias y graves errores en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos, fue respaldado por diversos diputados.
Desde las filas del oficialismo ya han garantizado tener los votos suficientes para que la acusación avance en la Cámara Baja. Mientras tanto, la defensa de Grau, encabezada por el abogado Patricio Zapata, ya afina la estrategia jurídica y política para enfrentar este proceso de acusación constitucional ante una eventual revisión en el Senado. La composición de la instancia revisora es clave, pues cuenta con una mayoría de parlamentarios de derecha e independientes.
Las críticas de la actual oposición se han intensificado. Exfuncionarios gubernamentales han cuestionado esta acción, calificándola de herramienta de revancha política o de uso de datos que anticipan escenarios, lo cual consideran un ataque a la gestión del exministro de Hacienda. Argumentan que las discrepancias en las proyecciones económicas no deben resolverse en sede de acusación constitucional.
Desde la perspectiva legal, expertos han advertido sobre las debilidades técnicas del libelo de 40 páginas, señalando que el texto predilige los sentimientos sobre los argumentos jurídicos. Además, se ha cuestionado por qué el Congreso no activó mecanismos de fiscalización ordinarios ante advertencias previas sobre las proyecciones de deuda pública.
A pesar de la ventaja numérica de los sectores opositores, la independencia de algunos diputados es crucial para el desarrollo del proceso. Por su parte, sectores del oficialismo mantienen su apoyo a la acción, pues consideran que la revisión de la gestión del exministro de Hacienda es fundamental para el debate político y fiscal del país. El puntapié inicial de la acusación contra Grau está fijado para hoy, momento en que la comisión revisora acordará el calendario de invitados.
