Los diputados de la bancada UDI, Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay, han solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe la presentación de una querella. Esta acción se deriva del reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las graves irregularidades detectadas en el Censo 2024, un proceso llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El ente fiscalizador reveló múltiples fallas en la contratación de personal para el Censo 2024. Entre las infracciones más serias, se encontró la contratación de censistas con antecedentes penales —por delitos como robo o estafa— y la incorporación de extranjeros que estaban inhabilitados legalmente para trabajar en Chile.
Específicamente, la CGR detectó la contratación de 16 personas con antecedentes criminales y 14 extranjeros sin autorización laboral. Estos hallazgos, que evidencian fallas en los controles de contratación de personal, generaron preocupación en los parlamentarios sobre la correcta utilización de los recursos públicos.
Además de la situación migratoria y de antecedentes, el informe señaló otros conflictos de interés significativos. Los investigadores detectaron 267 personas que prestaban servicios al INE durante el Censo y, simultáneamente, estaban contratadas en otras instituciones públicas. También se investigó el caso de una exasesora que actuó como experta en una licitación, a pesar de ser representante legal de una de las empresas involucradas.
Por estas múltiples fallas en la gestión y la evidente negligencia en los controles, los diputados de la UDI han puesto el caso en conocimiento del CDE. Su objetivo es iniciar todas las acciones legales necesarias, incluyendo la querella, para perseguir las responsabilidades penales y administrativas que existan y buscar la restitución de los fondos involucrados en el proceso del Censo 2024.
Teao y Sulantay cuestionaron duramente la vulneración de controles básicos al momento de seleccionar a los participantes, lo que permitió el ingreso de personal sin las habilitaciones necesarias. En palabras de los legisladores, este nivel de improvisación y falta de supervisión en el desarrollo del Censo 2024 es intolerable y exige que se esclarezcan todas las responsabilidades.
Los parlamentarios enfatizaron que la existencia de funcionarios con doble contratación en el Estado y los posibles conflictos de interés en licitaciones ameritan una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y una evaluación legal por parte del Consejo de Defensa del Estado.
Finalmente, los diputados también señalaron la necesidad de hacer responsables a las autoridades que gestionaron el Censo 2024, incluyendo al exministro de Economía, Nicolás Grau. En su juicio, recordaron que se trata de situaciones graves que afectan el uso de los recursos de todos los chilenos, y que deben asumirse las responsabilidades correspondientes por falta de adecuada supervisión en el proceso.
