El reciente desmantelamiento de una célula financiera del Tren de Aragua en Chile ha puesto en entredicho la efectividad del compliance bancario y los controles de prevención de lavado de activos en los sistemas bancarios locales. El caso, que involucra a un ejecutivo que facilitaba el movimiento de capitales en al menos tres bancos distintos, reveló una preocupante vulnerabilidad: la red no fue detectada por las alarmas de compliance o prevención de lavado de activos, sino por un hallazgo fortuito en una causa penal. Fue el peritaje de un teléfono celular, recuperado tras el quíntuple homicidio de Lampa en 2024, el que abrió la caja de Pandora. La información del dispositivo permitió seguir el flujo financiero vinculado a extorsiones, narcotráfico y comercio sexual, en la Operación Tokio, estableciendo el nexo final con el empleado del Banco Santander.
El abogado, exfiscal y Director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, Luis Toledo, no cree que el sistema financiero haya sido capturado, pero sí que casos como este revelan niveles de sofisticación que hace diez años no se veía en Chile. “Estas organizaciones de crimen organizado tienen la capacidad de infiltrar personas en posiciones estratégicas, de aprovechar vacíos institucionales y de moverse con naturalidad dentro de estructuras legítimas”, señala.
El riesgo principal, explica Toledo, no es que la banca quede bajo control criminal; es que instituciones legítimas sean utilizadas como infraestructura para mover flujos financieros ilícitos sin que nadie lo advierta a tiempo. “Y lo que revela este caso es que esa infiltración no es oportunista: es una estrategia deliberada y de largo plazo. El ejecutivo involucrado llevaba años en el sistema bancario, primero en Venezuela y luego desde 2019 en Santander. Eso no es casualidad. Es una trayectoria construida para llegar a una posición con acceso, credibilidad y conocimiento del sistema. Esa es la amenaza real y es la que debemos aprender a enfrentar”.
Los criminales combinaron el uso de cuentas bancarias, sociedades fachada y criptomonedas. La lógica de fondo para el lavado de activos es introducir recursos al sistema, alejarlos progresivamente de su origen ilícito y reintegrarlos a la economía formal dificultando su rastreo. Las cuentas bancarias aportan apariencia de normalidad, las sociedades fachada fragmentan la titularidad, y los criptoactivos añaden capas de distancia. Lo novedoso no es ninguna de ellas por separado, sino la capacidad de coordinarlas simultáneamente y a gran escala. Las organizaciones criminales modernas han entendido que la complejidad es una forma de protección contra la inteligencia financiera.
El movimiento de $78 mil millones requiere de múltiples firmas autorizadas y omisión de controles. Esto apunta a una falla sistémica de control. La pregunta de fondo no es solo quién autorizó qué, sino cómo una operación de esta escala pudo mantenerse invisible para los distintos niveles de supervisión interna y externa. La falla está en la ausencia de una visión integrada del riesgo en los sistemas bancarios.
Aunque siempre hay espacio para fortalecer los controles en la identificación de clientes y la trazabilidad de beneficiarios finales, el foco debe ser fortalecer la inteligencia financiera y la capacidad de detectar patrones complejos. Las organizaciones criminales utilizan cualquier mecanismo que les permita mover valor con menor riesgo de detección. El desafío es fortalecer la inteligencia financiera y la capacidad de detectar flujos de recursos complejos antes de que desaparezcan dentro del sistema.
En cuanto a las empresas, el problema no es la ley, sino que resulta difícil identificar quién controla efectivamente una sociedad y quién recibe sus beneficios económicos. Este desafío ha impulsado la discusión internacional hacia los registros de beneficiarios finales, haciendo de la transparencia societaria una herramienta clave en la prevención del crimen organizado.
Los modelos de compliance internos en la banca han mejorado mucho, pero el problema ya no es generar alertas; es interpretar señales dispersas y construir una visión integrada del riesgo. El aspecto más subestimado es que estas organizaciones no necesitan vulnerar toda una institución, muchas veces les basta una sola persona con acceso privilegiado a procesos o información sensible.
Lo relevante para la persecución del crimen organizado no es la ubicación administrativa de la UAF, sino si el Estado tiene capacidades suficientes para detectar, analizar y seguir flujos financieros en tiempo útil. La prioridad debe ser fortalecer la inteligencia financiera y mejorar el intercambio de información.
Finalmente, la Operación Tokio muestra que el crimen organizado en Chile se comporta cada vez más como una empresa. Su fortaleza depende de su capacidad para mover, ocultar y reinvertir recursos. La mejor defensa es la colaboración público-privada, ya que es el sector privado quien, en ocasiones, detecta las nuevas tipologías de lavado de activos.
