Frente a los recortes de gasto que ha implementado el gobierno de José Antonio Kast, resurge el debate sobre la dieta parlamentaria, tema que tiene repercusión directa en el ingreso de diputados y senadores, quienes actualmente reciben unos 8 millones 300 mil pesos. La última disminución de esta remuneración ocurrió en 2020. No obstante, periódicamente surgen iniciativas para reducir los salarios de los legisladores, generando un intenso debate político.
La bancada del Partido de la Gente ha impulsado un proyecto de ley que propone establecer un límite de 10 sueldos mínimos, lo que reduciría la dieta a 5 millones 390 mil pesos, representando una disminución superior al 34%. Juan Marcelo Valenzuela, jefe de esta bancada, argumentó que esta iniciativa debería aplicar a todo el aparato público, señalando que los parlamentarios deben dar una señal importante a la ciudadanía en términos de responsabilidad fiscal.
Desde otras fuerzas políticas, las posturas varían. El diputado Patricio Pinilla, de la DC, expresó su disposición a analizar la propuesta, pero sugirió que cualquier ajuste de la remuneración debe incluir al presidente, ministros y subsecretarios. Por su parte, miembros del Frente Amplio han respaldado la reducción de la dieta parlamentaria en el pasado, valorando el avance propuesto por el PDG. En contraste, el diputado Luis Pardo, de Renovación Nacional, sostuvo que esta materia es de exclusiva responsabilidad de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, argumentando que no es adecuado que los parlamentarios determinen sus propios ingresos.
El proyecto de ley relativo a la dieta parlamentaria ingresó formalmente a su primer trámite legislativo y, en esta etapa crucial, deberá ser analizado y revisado por la Comisión de Constitución, donde se definirá el curso de la posible reducción de los salarios legisladores.
